El Gobierno no baja los brazos y va con todo por el protocolo antipiquetes
Pese al fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes, desde el oficialismo aseguran que sigue en pie la medida para "mantener el orden".
El Gobierno nacional salió al cruce y apeló con firmeza el fallo que tumbó el polémico protocolo antipiquetes. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick había declarado la nulidad e ilegitimidad de esta norma que, desde que arrancó la gestión libertaria, fue la herramienta estrella para poner en jaque las protestas sociales que buscan defender derechos básicos, disfrazando la represión como una cuestión de despejar la calle y sembrar miedo en los manifestantes.
En una conferencia llena de palabras duras, el vocero presidencial Manuel Adorni no dudó en marcar la cancha: "Estar en contra del protocolo antipiquetes, es estar en contra de la ley y el orden en la República Argentina". Y para reforzar la postura, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich escribió en Twitter: "la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".
Este controvertido "Protocolo para el mantenimiento del orden público", que vio la luz con la llegada del presidente Javier Milei, quedó plasmado en la Resolución 943/23. Según el fallo, esta norma se mete donde no debe, usurpando facultades exclusivas del Congreso, al modificar leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta normas de las fuerzas de seguridad, todo bajo el disfraz de un simple protocolo interno.
El juez fue categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno y por medio de una Resolución Ministerial, se regulan derechos constitucionales y convencionales", tales como el derecho a peticionar a las autoridades y la libertad de reunión; además, trastocaron el Código Penal en lo que respecta a la flagrancia y entorpecimiento del transporte. En otras palabras, el Ministerio se adjudicó derechos legislativos que no le corresponden.
La situación no pasa desapercibida para organizaciones internacionales. Un informe de Amnistía Internacional revela que, desde la vigencia del protocolo en 2024 y 2025, al menos 2557 personas resultaron heridas en manifestaciones, víctimas de una represión que va desde gases lacrimógenos hasta balas de goma. También se reportaron numerosos ataques contra trabajadores de prensa, como el fotógrafo Pablo Grillo, y alrededor de 282 periodistas sufrieron lesiones al cubrir los reclamos sociales. En total, 258 protestantes fueron detenidos en distintas movilizaciones, dejando en evidencia el costo humano del protocolo.
