Gremios docentes y científicos estallan contra el Presupuesto aprobado en el Congreso

Después de que el Congreso diera luz verde al Presupuesto 2026, los gremios docentes, universitarios y científicos no se quedaron callados y repudiaron con firmeza esta medida del gobierno de Javier Milei. Lo que más encendió la mecha fue el polémico Artículo 30, que elimina las garantías legales de financiamiento para la educación, la ciencia y la tecnología, dejando todo en manos de un ajuste discrecional que mete en jaque el inicio del ciclo lectivo, el funcionamiento de las universidades y la investigación.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), CONADU Histórica y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las voces se alzaron firmes para denunciar que esta ley apunta directamente a la "extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles".

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, calificó la sanción del Presupuesto como una "catástrofe política" y advirtió que el modelo que propone este gobierno es un país "para pocos", poniendo en jaque el sistema educativo y científico. En diálogo con El Destape, aseguró que esto es "un retroceso inmenso para toda la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad", y sostuvo que están destruyendo "las bases construidas desde Sarmiento hasta hoy".

Denunció además que los recursos que deberían ir para la educación fueron desviados hacia el pago de intereses de la deuda externa y para la SIDE. Las provincias sufrirán duramente, con problemas para pagar salarios y servicios básicos, y pronosticó que el 2026 será un año con "alta conflictividad social" si no se cambia el rumbo.

Alesso no se guardó nada y afirmó que esta crisis presupuestaria es peor que la del menemismo: "Esto es peor porque destruye todas las bases de la educación pública". Además, criticó la falsa idea liberal del Gobierno señalando que "los verdaderos liberales en Argentina fundaron escuelas". Recalca que el ajuste no es solo económico sino también político e ideológico, con un futuro sombrío para la educación y un aumento inevitable de las protestas.

Desde la vereda universitaria, el economista y dirigente de CONADU Histórica, Antonio Rosselló, disparó que este Presupuesto consolida un ajuste sin precedentes en educación y ciencia, considerando que el 60% de la investigación científica se produce en las universidades nacionales, hoy ahogadas en fondos. Explicó que la caída salarial ya genera renuncias docentes y deserción estudiantil, poniendo en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

Rosselló no dudó en comparar esta política con los programas de austeridad de los 90 y hasta con la última dictadura, remarcando que "ni Martínez de Hoz hizo algo así". Según su análisis, favorece a los grandes grupos económicos y a los acreedores externos, en detrimento de jubilados, trabajadores y la educación pública.

El foco de la polémica es el Artículo 30, que elimina el piso mínimo del 6% del PBI para educación, desarma el financiamiento progresivo del sistema científico que incluye al CONICET, INTA y otros organismos, y elimina el fondo específico para la educación técnico profesional. Con esto, el gobierno queda libre para decidir el dinero que destina a estas áreas estratégicas sin ningún compromiso legal ni previsibilidad.

Desde el sistema científico, la delegada de ATE INTA, Julieta Boedo, advirtió que el Presupuesto aumentará los recortes en los organismos de investigación con fuerte presencia territorial. Denunció que "nos destroza a todos los organismos del sistema de ciencia y tecnología: CONICET, INTA, INTI, Malbrán, CONAE", y lamentó la pérdida de vínculo con las comunidades, afectando la producción agropecuaria y las economías regionales.

El impacto social no se hará esperar: el ajuste generará retiros voluntarios, centralización operativa y pérdida de capacidad técnica, dejando a los productores sin apoyo estatal. Además, los gremios anticipan que el 2026 será un año de mucha protesta y convulsión en el sistema educativo y científico. Si no se revierte este esquema de financiamiento, las medidas de fuerza y parálisis podrían profundizarse, afectando el salario y debilitando áreas vitales para el futuro del país.

Para los trabajadores de estos sectores, esto no es solo una pelea por fondos, sino una defensa crucial del rol del Estado en educación, ciencia y producción nacional, luchas que prometen encender la pelea por un mejor futuro para todos los argentinos.