El gendarme que casi mató al fotógrafo Pablo Grillo está a un paso del juicio oral

La causa por el salvaje ataque al fotógrafo Pablo Grillo entró en su tramo final. La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero, señalado por tirar una granada de gas lacrimógeno directo en la cabeza durante una marcha frente al Congreso Nacional, dejándolo casi en la lona.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico respaldaron lo decretado por la jueza María Romilda Servini, y ahora el agente está al filo del juicio oral, con un embargo que no es chiste: 203 millones de pesos trabados en sus bienes.

El 12 de marzo pasado, durante la marcha en defensa de los jubilados, Guerrero, que formaba parte del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería, se pasó de la raya con al menos seis disparos antirreglamentarios. Lo grave fue que disparó la pistola lanza gases de forma horizontal, apuntando sin piedad a los manifestantes.

Una de esas granadas le pegó de lleno en la cabeza a Grillo, que estaba agachadito a más de 50 metros del cordón policial. La bala de gas atravesó barricadas y terminó impactando su cráneo, causándole fractura expuesta, hematomas intracraneales, y una cirugía de urgencia con riesgo inminente de muerte.

Las pruebas no dejaron lugar a dudas: videos con drones, material de medios, filmaciones de organismos de derechos humanos y documentación oficial confirmaron al autor. Los magistrados identificaron claramente a Guerrero, identificado en imágenes con casco rotulado "Picha" y parche "Guerrero".

Desestimaron cualquier excusa de rebote o accidente. Para la Cámara, el patrón y la dirección de los disparos revelan una acción alevosa y deliberada, que va contra todos los protocolos vigentes.

Además, los jueces recordaron normas internacionales y manuales técnicos que prohíben apuntar granadas lacrimógenas directamente a personas. "Nunca se debe apuntar a un cuerpo humano", sentenciaron, remarcando la gravedad de usar armas con potencial letal en protestas sociales.

El fallo también mandó un claro mensaje institucional y político: el Estado debe garantizar el derecho a manifestarse, y el uso de la fuerza tiene que ser la última opción, proporcional y bien regulada. En este caso, ni cerca estuvieron de cumplir con esas reglas.