Senado aprueba la polémica ley de inocencia fiscal con ajustes en el régimen penal

Después de la aprobación del Presupuesto 2026, el Senado le dio luz verde a la famosa ley de inocencia fiscal, que viene a mover el avispero en el Régimen Penal Tributario. Esta norma eleva los montos para considerar evasión y pretende incentivar a que los billetes guardados "bajo el colchón" vuelvan a la economía formal.

Con 43 votos a favor y 26 en contra, la iniciativa no tuvo grandes sobresaltos en el recinto. Sin embargo, desde el Ejecutivo se comprometieron a ajustar el tema de las multas automáticas para que no terminen asfixiando a pymes y monotributistas.

En concreto, la evasión simple, que podía traer prisión de hasta seis años, ahora se aplicará si el monto supera los $100.000.000, un salto gigante desde los $1.500.000 previos. Para la evasión agravada, la escala penitenciaria aumenta hasta nueve años si se falsifican documentos o se ocultan identidades utilizando estructuras complejas, y el piso se eleva a la friolera de $1.000.000.000.

En cuanto a las multas, tributaristas advirtieron que el castigo para personas físicas subiría de $200 a $220.000, y para personas jurídicas de $400 a $440.000, un incremento de más del 110.000%. Acá fue donde el Gobierno prometió poner paños fríos en la reglamentación para proteger a los más chicos del baile.

El senador libertario Juan Carlos Pagotto reconoció que "la inflación nos ha producido un desbarajuste" haciendo que el sistema oficial quedara atrasado y generar un desfasaje que perjudica a la mayoría de los contribuyentes. Recordó además los tironeos en el Senado, donde la oposición bloqueó sucesivas convocatorias para discutir esta ley.

En Diputados, la pelea también estuvo caliente. El cristinista Martín Soria lanzó con todo sobre la oposición: "Al pequeño contribuyente, a las pequeñas y medianas empresas, no sólo no las ayuda, sino que les tira un poco más de tierra para que se hundan en el barro". El cruce estuvo tan intenso que hasta se pidió una cuestión de privilegio contra la radical santafecina Carolina Losada.

Por su parte, la macrista Andrea Cristina destacó que la ley cambiará la mirada sobre el contribuyente y optimizará la fiscalización, aunque el peronista Adán Bahl alertó sobre posibles problemas judiciales e impositivos.

De la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad afirmó que "no es lo mismo un gran empresario que un almacenero", valorando las promesas de mejoras en la reglamentación aunque pidió prudencia. El peronista puntano Fernando Salino criticó la rapidez en la aprobación y advirtió que "estamos entregando a las provincias nuestra facultad de fijar prescripción".

Para cerrar con broche de oro, la líder oficialista del Senado, Patricia Bullrich, respondió con vehemencia: "Hay una lógica que no tiene nada que ver con ser una ley recaudatoria. Lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una ‘espada de Damocles’ sobre su cabeza". Remarcó el fin de la persecución y la búsqueda de "trabajar en paz", señalando que la norma anterior databa de 1932 y se había actualizado por última vez en 1998.