La CGT lanza línea de flotación a la reforma: advierte que saca hasta USD 700 millones a las obras sociales

La Confederación General del Trabajo (CGT) no se quedó callada ante el proyecto de reforma laboral que viene cocinando el Gobierno. En un documento técnico que no se anduvo con vueltas, lo calificaron como un "ataque directo y deliberado contra las obras sociales sindicales". Según la central, no se trata de una simple actualización, sino de una "transformación estructural regresiva" cuyo fin político es desfinanciar uno de los pilares del movimiento obrero nacional.

El informe, obra del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, remarca que las obras sociales no son un privilegio ni un lujo: son el acceso a la salud para los laburantes, basadas en la solidaridad donde quienes más aportan, sostienen a los que más lo necesitan.

En el ojo de la tormenta aparece el artículo 161 del proyecto, que propone bajar la contribución patronal que alimenta a las obras sociales del 6% al 5%. La CGT alerta que esta medida no es un simple alivio para los patrones, sino un tijeretazo que podría restar entre 679 y 700 millones de dólares al año, cerca del 0,1% del PBI. Esto significaría una "transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital" con la consecuencia inevitable de menos prestaciones y una caída en la calidad del servicio médico a los laburantes y sus familias.

Pero eso no es todo: el informe señala mecanismos que agravan el desfinanciamiento. La supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos cortaría aportes en cuanto un convenio vence, salvo acuerdo específico. Además, la eliminación de retenciones automáticas fragmentaría la recaudación y genera incertidumbre sobre los ingresos. A esto se suma la creciente precarización laboral, con más monotributistas y trabajadores fuera del sistema tradicional, que reduce la base de quienes efectivamente aportan.

El análisis de la estructura del sistema de salud argentino muestra la presión enorme sobre las obras sociales sindicales, que conviven con un sistema privado de prepagas y hospitales públicos desfinanciados. Bajo el mecanismo actual, el 3% del aporte va directo a la obra social y otro 6% al Fondo Solidario de Redistribución, que financia la atención en casos complejos y cubre a monotributistas y jubilados, obligaciones que no tiene el sistema privado.

La CGT pinta un panorama complicado: "Si las prepagas ya están al borde de la quiebra, ¿qué le queda a las obras sociales que viven de un porcentaje del salario?", clama el informe. A la crisis estructural se suma la licuación salarial y el aumento de pagos no remunerativos, que no aportan al sistema. Mientras los medicamentos aumentan casi al triple, muchos sindicatos deben poner de su bolsillo para mantener los servicios básicos.

En un cierre contundente, la central sindical defiende hasta la última gota las obras sociales. "No hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos", señala el documento, que advierte que la reforma incrementa la desigualdad social y dirige recursos hacia los sectores con mayor poder económico.