Las jubilaciones se comen casi la mitad del gasto público y apenas el 30% viene de aportes y contribuciones
El gasto en jubilaciones viene ganando terreno en el presupuesto nacional a costa de otras áreas, mientras que el bono previsional pierde fuerza y las jubilaciones mínimas se siguen cayendo en poder de compra, según informes de ASAP.
La fórmula para actualizar jubilaciones y pensiones, que llega con dos meses de demora respecto a la inflación, está haciendo que el gasto público donde el sistema previsional tenga cada vez más peso. Esta situación muestra que, si bien se recorta gasto, no se trata de una verdadera reforma del Estado, sino un parche para sacar costos.
Un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP) revela que entre enero y noviembre, el gasto en jubilaciones trepó casi 9 puntos, pasando de representar el 36,6% del gasto primario al 45,4%. Este crecimiento se dio a costa de otras partidas que sufrieron recortes, como los subsidios a la energía que bajaron un 40%, además de transferencias a las provincias y sueldos del sector público.
Para peor, el financiamiento genuino del sistema previsional apenas llega al 29%, lo que indica que la mayoría de los gastos de los jubilados se afrontan con recursos de rentas generales, es decir, con impuestos. La ASAP alerta sobre este panorama, destacando el desafío que significa sostener el sistema en un país que envejece y donde la informalidad crece, "la sostenibilidad del sistema previsional enfrenta desafíos significativos, exacerbados por el envejecimiento de la población y el incremento de la informalidad".
En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la reforma laboral que se discutirá en febrero de 2026 incluirá la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que facilitarán despedir trabajadores de empresas privadas. Además, estos fondos se financiarán con recursos que hoy van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), una movida que perjudica aún más las cuentas de la ANSES.
El informe detalla que el régimen de reparto representa ya el 23,37% del gasto primario, un salto respecto al 19,9% de hace un año. Mientras tanto, las jubilaciones bajo la Moratoria Previsional crecieron de 12,9% al 14,9%. En contraste, el llamado "Complemento Prestaciones Previsionales", el bono para las jubilaciones mínimas, bajó su peso del 3,8% al 2,8%, reflejando que el ajuste tocó principalmente a los jubilados con menor ingreso.
Los analistas privados no se guardan nada: consideran que el recorte aplicado por el Gobierno, que ya acumula u$s38.000 millones en moneda constante, es reversible porque la estructura estatal sigue casi igual que hace 20 años.
A nivel poder adquisitivo, la situación tampoco es para tirar manteca al techo. Según ASAP, en noviembre el haber mínimo quedó en $333.085, y sumando el bono de $70.000, llegó a $403.085, un ajuste que no alcanza para seguirle el ritmo a la inflación. El bono se congeló en marzo de 2024, perdiendo casi un 24% frente a la inflación.
Eso se traduce en que, contando haber y bono, la prestación mínima se contrajo un 4,9% real interanual en noviembre y un 7,3% si se compara con el mismo mes de 2023. De seguir así, las jubilaciones mínimas seguirán perdiendo valor, acercándose peligrosamente a la canasta básica, que en noviembre fue de $403.903 para un adulto equivalente.
