El Gobierno prende la alarma y amenaza con ampliar las denuncias contra la AFA por no mostrar sus balances

Desde Casa Rosada volvieron a apuntar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y advirtieron que podrían meter nuevas denuncias si no llegan esos balances y papeles que les pidió la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta movida se da tras varios llamados de atención y quejas formales, en plena investigación de la gestión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La IGJ volvió a reclamar todos los papeles que tienen que ver con la contabilidad y el manejo de fondos, sobre todo mirando lo que pasó con la plata que circula en la provincia de Buenos Aires y los detalles de la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). Piden respaldo documental para gastos e inversiones millonarias: más de 111 millones de dólares en la AFA y cerca de 340 millones de dólares en la Liga Profesional, nada menos.

Este reclamo tiene un tiempo límite: los papeles, que deberían mostrar el panorama cerrado al 30 de junio de 2025, tienen que estar listos en no más de 20 días. La Casa Rosada no se anda con vueltas y explica que si la AFA se hace la distraída, la IGJ va a pedir un veedor informante que podrá meter la nariz directamente en los libros, actas y todo tipo de documentación, sin que los dirigentes puedan evitarlo.

Además, si llega a haber problemas con el veedor o se descubren irregularidades durante el control, el gobierno sopesará meter una denuncia judicial. A esto se suma que la falta de respuestas o colaboración podría traer multas, sanciones administrativas e incluso trabas para hacer trámites registrales ante la IGJ. El asunto no es joda.

Parte de la pesquisa incluye también las asambleas realizadas el 28 de octubre de 2025 en el predio de Ezeiza, pidiendo detalles sobre la participación de la Dirección General de Personas Jurídicas de Buenos Aires. El oficialismo cree que la AFA buscó evitar controles mudando su sede tradicional de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los papeles que les exigen están las copias certificadas de las actas del Consejo Directivo y de esas asambleas, junto con toda la documentación relacionada con la creación y funcionamiento de la UNAFA: estatutos, autorizaciones estatales, convenios y comprobantes de compra del inmueble donde está la universidad.

Esta batería de medidas se suma a las denuncias penales que ya lleva adelante el Ejecutivo contra la AFA, por medio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde investigan una posible retención indebida de impuestos y aportes a la Seguridad Social. La causa, que se tramita en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, apunta a un monto que supera los 19.300 millones de pesos.