Escándalo en la ANDIS: detectan a 180 mil supuestos fallecidos cobrando el certificado de discapacidad

Desde el despacho de Balcarce 50 no salen de su asombro: una minuciosa revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) terminó descubriendo que nada menos que 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como fallecidos, aunque siguen percibiendo ayudas estatales. "Es lisa y llanamente una estafa al Estado", confesó una voz oficial que está metida hasta la cocina en el tema.

La denuncia tomó fuerza tras cotejar los datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior. Este escándalo se destapó después de la salida polémica del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue involucrado en audios comprometedores vinculados a posibles pedidos de coimas. Aunque luego él alegó haber sido objeto de manipulación con inteligencia artificial, el daño ya estaba hecho.

El interventor Alejandro Vilches, designado para poner orden, no tardó en detectar las irregularidades y autorizó la baja inmediata de esos certificados muebles y mortales. Ahora, desde la Casa Rosada evalúan meterles con todo a quienes se beneficiaron y a los prestadores que tuvieron que ver con esta maraña: "Se van a cruzar los datos de los fallecidos con los prestadores", adelantaron con firmeza.

Recordemos que el CUD es el documento que certifica a la persona con discapacidad y abre la puerta a prestaciones estatales. Se otorga tras un examen de la Junta Interdisciplinaria, que define si corresponde o no el certificado. El lío no termina acá: esta auditoría vino tras un escándalo que tuvo a Spagnuolo en el ojo de la tormenta, con acusaciones contra funcionarios de la Presidencia por supuestos pedidos de coimas.

Las críticas al ex abogado de Javier Milei no paran en Balcarce 50, donde lo señalan de ser un funcionario que siempre esquivó controles y a quien tildan de "mentiroso profesional". Las sospechas incluso impulsaron un intento de quitarle la autonomía a la ANDIS para pasarla al Ministerio de Salud, aunque eso quedó en la nada.

Lo que no se puede pasar por alto es la suba del 27% en la compra de medicamentos clave para tratar la leucemia linfoblástica aguda, detalle que encendió alertas adicionales sobre la gestión de la agencia. Mientras tanto, el Gobierno regula la polémica Ley de Emergencia en Discapacidad, que estuvo a punto de ser derogada, pero finalmente seguirá vigente con modificaciones a ponerse en práctica pronto.