La Justicia le pone un freno al Gobierno y ordena cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad
Un juez federal rechazó la suspensión de la ley y ordenó su aplicación inmediata, señalando una grave violación a la división de poderes por parte del Ejecutivo.
El gobierno de Javier Milei se metió en un lío gigante al suspender la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, a pesar de que el Congreso ya había dicho "basta" y ordenado que se promulgara sin vueltas. Pero el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, no se quedó tranquilo y decretó ponerle un freno a este flor de desacato.
La demanda, que comenzó con dos familias jugándosela, se transformó rápido en un amparo colectivo que sumó a cientos de instituciones, organizaciones, prestadores y familias que realmente sienten la emergencia en sus carnes. Los papeles del expediente tiran luz sobre un sistema en terapia intensiva: aranceles que no dan pie con bola, pagos que se demoran más que ómnibus en hora pico y hasta cierres de instituciones que eran un sostén clave para la gente con discapacidad.
El juez no se guardó nada y explicó que el Ejecutivo se mandó una "violación manifiesta de la división de poderes" y usó un "veto encubierto incompatible con la Constitución" al suspender una ley que ya estaba vigente. Además, dejó claro que el Decreto 681/2025, que vino con la intención de dejar sin efecto la norma, no tiene ni por asomo el poder para anular lo que el Congreso ya había aprobado.
Para rematar, González Charvay evidenció que mientras el Gobierno alegaba falta de plata para poner en marcha la ley, por otro lado metía mano en el presupuesto y hacía cuando menos 19 reasignaciones desde 2023 para otros gastos. "La evidencia demuestra que existe capacidad jurídica y económica para implementar la ley, pero se elige no hacerlo para este colectivo", lanzó el magistrado con toda la razón.
La sentencia no es joda: declaró nulo el artículo 2 del decreto y exigió que la ley se aplique YA, con efecto para todos los que la necesitan y quienes prestan el servicio. En plena discusión de poderes, el juez le recordó al Ejecutivo que no puede mandar a parar una ley con excusas presupuestarias cuando el Congreso ya tomó su postura. En otras palabras, avalar eso sería aceptar una especie de veto disfrazado, incompatible con nuestra Constitución, un mensaje clarito para el Gobierno y para todos los que creen que se pueden pasar por arriba las leyes.
