El Gobierno se planta y apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
Desde el Ejecutivo argumentan que la orden judicial invade funciones propias y podría poner en jaque las cuentas públicas. La pelea por la Ley de Emergencia en Discapacidad escala y ahora será la Cámara de San Martín la que defina el rumbo.
El Gobierno nacional no se queda quieto y anunció que apelará la resolución judicial que dejó sin efecto el artículo clave del Decreto 681/2025 y mandó a aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por el Congreso el año pasado. La presentación irá directo a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Todo surgió luego del fallo del Juzgado Federal de Campana, conducción del juez Adrián González Charvay, quien declaró inválida la suspensión de la norma y ordenó la vigencia plena. Desde la Casa Rosada, sin vueltas, aseguran que este fallo supone una invasión en atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo, especialmente en lo que refiere al manejo del gasto público y elaboración del presupuesto.
No solo eso, se insiste en que la Ley fue sancionada sin definir de dónde saldrán los recursos para aplicarla —un punto que, según afirman, vuelve impracticable la norma tal cual la Justicia la ordenó. El riesgo, alertan, es que ejecutar la ley sin respaldo financiero pueda desbalancear la economía y afectar el equilibrio fiscal, columna vertebral del plan oficial.
La Ley de Emergencia en Discapacidad declara el estado de emergencia en el sector hasta fines de 2027. Aunque la promulgación fue formal, el Ejecutivo decide suspenderla mediante el Decreto 681/2025, argumentando que el Congreso no fijó cómo financiar las acciones previstas, lo que desató un mar de reclamos de familias, organizaciones y prestadores que sufren el impacto en tratamientos, servicios e instituciones.
En este contexto, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial que derivó en el polémico fallo que ahora el Gobierno intenta dar marcha atrás.
La Justicia, en su fallo, priorizó los derechos a la salud, educación y rehabilitación por encima de limitaciones presupuestarias y recordó los compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales. La definición final queda en manos de la Cámara Federal de San Martín, que tendrá que decidir si mantiene la aplicación urgente de la ley o respalda al Ejecutivo en su visión sobre la falta de financiamiento y el alcance de las competencias entre poderes.
