La Justicia le pone un freno al Ejecutivo y exige aplicar la emergencia en Discapacidad en todo el país

El juez federal Adrián González Charvay, desde Campana, le metió un palo en la rueda al Gobierno al declarar inválido el artículo del decreto presidencial que había dejado en suspenso la emergencia en materia de discapacidad. Este fallo cosechó aplausos y alivio de familias, organizaciones y prestadores que venían reclamando a viva voz.

La ley que puso en marcha el Congreso en julio del año pasado había declarado la emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027. Pero ojo, aunque el Ejecutivo la promulgó, impuso un freno porque alegaba que el Parlamento no definió bien los fondos. Así, con el decreto ejecutivo 681/2025, la norma quedó en pausa, generando un choque duro con los sectores afectados.

El amparo judicial que movió el escenario fue presentado por dos familias con hijos que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad, y más asociaciones civiles del país se sumaron para respaldar la causa. El principal argumento apuntó a que la suspensión dejaba en la lona a miles de personas que dependen de tratamientos y servicios que ya venían flojos por la crisis económica y la falta de recursos.

Desde el lado oficial, el Ministerio de Salud defendió la suspensión argumentando temas fiscales y alertando que aplicar la ley sin fondos específicos podía poner en jaque otras áreas estatales. Además, aseguró que manejar la plata está en manos del Congreso, no del Ejecutivo.

Pero el juez no se quedó callado: rechazó las excusas alegando que, tras el rechazo del veto presidencial, la Constitución obliga al Ejecutivo a promulgar y ejecutar la ley sin peros. Dijo además que el decreto que frenaba la norma era un atropello legal, porque subordinó una ley del Congreso a un reglamento de rango menor, metiéndose donde no debía.

González Charvay también desmintió los argumentos fiscales y dijo que el Congreso autorizó al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias necesarias. De hecho, desde diciembre de 2023 ya se habían hecho más de diecinueve modificaciones para otros fines.

En su sentencia, el magistrado destacó la vulnerabilidad especial de las personas con discapacidad, como los chicos y adultos mayores, y recordó que el Estado debe meter el hombro con protecciones reforzadas. También citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que exigen no dar ni un paso atrás en derechos sociales.

Para cerrar la escena, el juez ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, dejó firme que la suspensión dispuesta por el Decreto 681/2025 es inválida, le puso costas al Estado y mandó a publicar todo en el Registro Público de Procesos Colectivos.

Este desenlace reafirma que el Poder Ejecutivo no puede pisar el palito cuando se trata de derechos sociales que son fundamentales para la sociedad argentina que todos conocemos y queremos.