El Gobierno mete mano para desburocratizar la Ley de Inversiones Mineras y darle un aire nuevo al sector

Se viene una modificación fuerte para la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, una norma que desde 1993 viene brindando estabilidad fiscal y beneficios para el sector, pero que acumuló críticas por burocracia y falta de uniformidad en su aplicación. Ahora, desde la Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, están preparando un decreto para hacerla más clara, dinámica y adaptada a las necesidades actuales.

La jugada es de la mano de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, bajo la batuta de Luis Lucero, y busca que esta ley tenga vigencia complementaria con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya está en marcha. "No se superpondrán incentivos de la misma naturaleza", dejaron en claro desde Economía, aunque en el medio está la puja por cómo se articulan ambos regímenes para proyectos que vienen rindiendo bajo la ley vieja y quieren sumarse al nuevo plan para avanzar.

Lo que se pretende es terminar con esa discrecionalidad que hizo que cada expediente se manejara a su manera y avanzar hacia una reglamentación donde los procedimientos sean uniformes y la documentación, rastreable en cada paso. La idea es que la ley que siempre fue un pilar para proyectos metalíferos, salares y exploraciones, vuelva a ser seria y confiable para quienes buscan apostar en la minería.

El proyecto promete cambios de fondo: van a simplificar y sacar trabas para la importación de equipos e insumos necesarios, acelerar la devolución del IVA con criterios unificados, ajustar el régimen de amortizaciones para hacerlo más acorde a la realidad, armonizar las normas ambientales para evitar choques y limpiar las declaraciones juradas que ahora son un embrollo. Además, quieren tirar toda la documentación al mundo digital para que nada quede colgado o sin respaldo.

Y ojo, porque avisan que la idea no es sacar controles sino hacerlos más modernos y eficientes. Se van a dejar los papeles de lado y pasarán a auditorías más in situ, con inspecciones directas en los yacimientos y un seguimiento real de cómo marcha cada operación. Como decimos en San Juan, esto viene con todo y apunta a que la minería ande más liviana y segura, para que la plata fluya y la industria despegue de verdad.