Fiscalía de Estado se prepara para defender el patrimonio en causa del Acueducto Gran Tulum

Sebastián Dávila, Fiscal de Estado de San Juan, aseguró este miércoles que su organismo está listo para meterse de lleno en la causa que comenzó tras la denuncia penal que presentó el abogado Marcelo Arancibia. La acusación, basada en trabajos periodísticos, denuncia presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum y apunta a posibles delitos vinculados a la empresa Krah América Latina SA, que está relacionada con un familiar directo del ex gobernador Sergio Uñac.

En medio de un revuelo público que crece minuto a minuto, luego de las publicaciones que destaparon advertencias técnicas ignoradas, supuestos sobreprecios millonarios y conexiones directas entre funcionarios provinciales y la proveedora de las cañerías, Dávila no dudó en marcar el camino: "Si se verifican y corroboran las revelaciones hechas, aunque no esté totalmente demostrado, ante la sospecha de posibles delitos que afecten el patrimonio estatal, deberemos constituirnos como querellantes".

El Fiscal explicó que para intervenir no necesitan una prueba categórica, sino indicios razonables que justifiquen la defensa del Estado. Además, adelantó que la Fiscalía usará todos los recursos a su alcance: "vamos a aportar medios de prueba, pedidos de informes y cualquier medida que ayude, siempre como complemento del Ministerio Público Fiscal ".

De todos modos, fue claro en que la participación de la Fiscalía de Estado no será automática ni inmediata, ya que carecen de facultades investigativas propias: "Esperamos que el Ministerio Público Fiscal dé curso a la investigación, porque no es una denuncia fácil de resolver; esto va a llevar su tiempo para ser analizado".

Si la situación avanza como se espera, esta intervención dejará una marca en la provincia: "No recuerdo una causa penal por corrupción en San Juan donde la Fiscalía de Estado haya actuado como querellante", recordó Dávila, destacando la excepcionalidad del caso.

El funcionario aclaró que la Fiscalía no se superpone al Ministerio Público, sino que suma una mirada desde el lado del afectado principal: el Estado provincial. El fin es claro: que la verdad salga a la luz y se determine si hubo perjudicados con maniobras sucias en lo que es una de las obras públicas más importantes y costosas de la provincia.

Con este paso institucional, la investigación judicial no solo se centra en posibles irregularidades, sino que abre un capítulo inédito en la defensa del patrimonio público sanjuanino.