Arancibia mete presión y saca a la luz el escándalo del Acueducto Gran Tulum antes del cierre legal clave

Marcelo Arancibia, abogado y figura política de peso en San Juan, no se quedó quieto y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. La movida apunta a un combo de delitos contra la administración pública durante los años 2015 a 2023, bajo la gobernación del actual senador Sergio Uñac.

El centro de la polémica es la licitación y contratación de la polémica obra del Acueducto Gran Tulum, que supuestamente le dejó a la provincia un perjuicio económico de unos 100 millones de dólares. Según Arancibia, la causa está en fuertes irregularidades con sobreprecios y favorecimientos a la empresa KRAH AMÉRICA LATINA S.A., que tendría fuertes lazos con dirigentes políticos. Esta denuncia llegó justo antes de que el reloj corra y se cumplan dos años de la salida de los exfuncionarios, un límite legal clave para denunciar casos de enriquecimiento ilícito.

El abogado aclaró que "este no fue el foco de la denuncia sino fue un incentivo para llevarla adelante". El ojo está puesto en que San Juan empezó este año a pagar un préstamo por 20 años que tomó para financiar esta obra, a pesar de que el acueducto está inconcluso y sin caños instalados.

Los testimonios de empresas que participaron de la licitación apuntan a que los pliegos y las bases habrían sido armadas a medida para beneficiar a KRAH AMÉRICA LATINA S.A., dejando poco espacio para la competencia y dando lugar a posibles delitos como abuso de autoridad y defraudación al Estado. Tal como señaló Arancibia, la Legislatura provincial pidió informes sobre la compra de caños por 50 millones de dólares que no sirvieron, con sospechas de una segunda compra por cifras similares, sumando un monto que, si se confirma, sería un verdadero desastre económico para la provincia.

Un dato que no pasa inadvertido son los vínculos entre la adjudicataria y personas cercanas al exgobernador Sergio Uñac. Hay registros fotográficos que muestran al gerente de Crack con Gustavo Monti, lo que alimenta sospechas de tráficos de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia abarca posibles delitos como administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, violación de deberes, negociación incompatible y defraudación al Estado. Arancibia remarca que si la justicia confirma la responsabilidad, quedará en evidencia el nivel de vida injustificado de quienes participaron y que hoy ya no están en funciones públicas.

La Fiscalía, a cargo del Dr. Sebastián Gómez, ya inició un legajo para evaluar la denuncia. Ahora queda esperar si se avanza con la investigación o si esto queda en la nada. Lo cierto es que en San Juan se está empezando a desenredar una madeja que promete dar que hablar.