El gobierno de Milei baja la guardia con controles sanitarios a alimentos importados

En un movimiento que sacudió a los sectores de la salud y el comercio, el gobierno de Javier Milei acaba de meter mano en los controles sanitarios y bromatológicos para alimentos que llegan del exterior. El flamante Decreto 790/2025, publicado en el Boletín Oficial, simplifica las revisiones a productos de países con fama de tener vigilancia sanitaria de primera, como Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea.

Según explicaron desde el Ejecutivo, esta medida busca darle más velocidad y orden a la entrada de mercadería al país, evitando "la superposición de trámites innecesarios". De ahora en más, ni el SENASA ni la ANMAT van a meter mano en todos los alimentos que provengan de esas naciones hasta que haya una sospecha concreta de riesgo, o alguna irregularidad detectada al momento del ingreso.

Así, los controles higiénico-sanitarios y bromatológicos quedarán limitados a productos sin acondicionar, como granos o frutas a granel, mientras que los productos ya envasados para la venta directa serán supervisados sólo cuando se detecten indicios preocupantes. "La medida permitirá concentrar los recursos en casos que realmente lo requieran", señalaron las autoridades.

No obstante, el decreto fija plazos precisos para las inspectivas en caso de signos de deterioro o documentos dudosos: una inspección inicial no podrá exceder los tres días hábiles, y si hay riesgo sanitario fundado, ANMAT y SENASA tienen hasta cinco días hábiles para intervenir. Además, la liberación final de los productos bajo análisis no podrá pasar de los cinco días, con una prórroga única permitida.

En palabras oficiales, "el registro de productos importados quedará bajo la lupa de la ANMAT, excepto los de origen animal que irán a la cancha de SENASA". También se remarcó la coordinación entre ambos para evitar trabas burocráticas. En cuanto al transporte y packaging, la tarea fiscalizadora de SENASA se limitará a asegurar la inocuidad y salubridad, sin ahondar en otras partes del proceso.

El gobierno justifica este cambio como una forma de armonizar controles con los países que figuran en el Anexo III y mejorar la eficacia en la supervisión, sin dejar en banda la seguridad de los productos importados. Sin embargo, la medida abre un debate importante sobre cómo equilibrar apertura comercial y protección al consumidor en tiempos de políticas económicas dinámicas.