Tarifa plana para comerciantes: el Gobierno da un salto para aliviar costos
El Ejecutivo provincial y la Cámara de Comercio se pusieron de acuerdo para implementar una tarifa eléctrica fija que apuntala la estabilidad y la competitividad del sector local.
Marcelo Orrego, gobernador de la provincia, hizo oficial una movida que genera esperanza entre los comerciantes sanjuaninos: la puesta en marcha de una tarifa plana para la energía eléctrica. Esta iniciativa no es capricho de la política, sino que nació de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que le pidió al EPRE una solución que brinde previsibilidad en los costos que tanto hacen doler el bolsillo.
Tras un trabajo conjunto entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), representantes de cámaras y referentes comerciales, se diseñó un esquema de facturación que permitirá a los comercios pagar un importe estable mes a mes, evitando sorpresas y planificando mejor su economía.
Este paso es clave para reforzar la competitividad local y fortalecer la sostenibilidad del comercio en toda la provincia, una bocanada de aire para quienes sufren la suba constante en el servicio eléctrico.
La Cámara de Comercio ya había anticipado esta propuesta el 29 de abril de 2025, presentando al EPRE un paquete de iniciativas para bajar las tensiones que generan las tarifas eléctricas en el sector. Entre ellas, la petición clara de "aplanar tarifas" fue escuchada y tomó fuerza.
Desde el EPRE aclararon que para implementar un programa de esta envergadura es indispensable que haya estabilidad macroeconómica, factor que asegura que la medida se pueda aplicar de manera ordenada y duradera.
En ese marco, mediante la Resolución EPRE Nº 611/25, se convocaron múltiples Audiencias Públicas con la intención de debatir y afinar detalles sobre la revisión tarifaria quinquenal, tomando en cuenta las voces de todos los actores involucrados, desde las distribuidoras hasta los usuarios.
Además, se conformó el Consejo Asesor para acompañar la Revisión Tarifaria durante el período 2026-2031, estableciendo roles y un esquema de trabajo claro.
La normativa impulsó también la segmentación de los asuntos a tratar, organizando cinco Audiencias Públicas específicas, buscando así un proceso transparente y participativo.
