El caso de las carpetas del IPV suma ocho nuevas denuncias contra una feligresa de Rawson
La imputada, Karen Heredia, vuelve a quedar en la mira por presuntas estafas vinculadas a la venta ilegal de adjudicaciones inmobiliarias en la iglesia El Shaddai.
La causa judicial por la presunta venta ilegal de carpetas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la iglesia evangélica El Shaddai, de Rawson, se amplió con ocho nuevas denuncias que recaen sobre Karen Heredia, una feligresa ya imputada en el expediente. La investigación, llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, apunta a un modus operandi que se habría extendido desde fines de 2023 y que habría afectado a múltiples víctimas mediante el cobro de fuertes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
De acuerdo con los fiscales Milena Berbari y Maximiliano Yanzón, Heredia ofrecía carpetas correspondientes a barrios en construcción como Las Marías y Los Surcos en Chimbas, y Los Molinos en Capital. Solicitaba a los interesados documentación personal —partidas de nacimiento, matrimonio, constancias de CUIL y certificaciones de grupo familiar— y fijaba un precio de $350.000 por cuota, en dos pagos, por cada carpeta. A cambio, habría entregado facturas apócrifas del IPV, con membrete falsificado y una firma digital atribuida fraudulentamente al exdirector del organismo, Marcelo Yornet.
Las nuevas denuncias, presentadas este jueves 20 de noviembre, describen un patrón similar: pagos que variaron entre $350.000 y $700.000, efectuados mediante transferencias o en efectivo a nombre de Heredia. Las víctimas aseguraron haber recibido promesas de entrega que nunca se concretaron, junto a supuestos cambios de barrio para sostener la expectativa.
Antecedentes del caso
La causa está vinculada al expediente que involucró al pastor Alberto Carlos Balmaceda, líder de la misma congregación, quien en abril de 2025 recibió prisión preventiva junto a Heredia por siete estafas. La investigación determinó que desde el templo del barrio Huazihul, en Rivadavia, se confeccionaban los documentos falsos. Testimonios de esa etapa señalaron que Balmaceda intervenía para tranquilizar a los fieles, asegurando que el trámite se resolvería "con fe" y afirmando tener contactos dentro del IPV.
Ambos imputados recuperaron luego la libertad tras acordar reparaciones integrales millonarias: Balmaceda se comprometió al pago de casi $11 millones a 18 víctimas, mientras que Heredia acordó en junio de 2025 una reparación de $10.5 millones. Estos convenios, avalados por el juez de Garantías Roberto Montilla, establecían que el cumplimiento de los pagos conduciría al sobreseimiento.
Ahora, la fiscalía amplió la imputación para que Heredia responda por estas ocho nuevas denuncias, en una investigación penal que sigue en curso, con medidas pendientes y declaraciones por tomar. El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de sectores sociales en ámbitos de confianza comunitaria y la persistencia de esquemas fraudulentos vinculados al acceso a la vivienda.
