Cristina Kirchner y 86 más, al banquillo en un juicio que promete sacudir Comodoro Py

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a estar en el ojo de la tormenta judicial: desde mañana será juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho, junto a otros 86 imputados entre quienes se cuentan ex ministros de su gestión, empresarios y el remisero que sacudió todo con sus "cuadernos", Oscar Centeno.

La fiscal general Fabiana León, encargada de la acusación, advirtió que este es el proceso más abarcativo contra la corrupción en la historia judicial argentina. "Cuadernos es solo comparable a unas pocas investigaciones a nivel mundial", señaló en un informe detallado del juicio que arrancará temprano en Comodoro Py.

El Tribunal Oral Federal 7, comandado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, dará inicio al debate este jueves a las 9.30, con transmisión exclusiva por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación. El proceso, que promete durar al menos tres años, destapará hechos de corrupción por cientos de millones de pesos.

La ex presidenta deberá seguir las audiencias conectada desde su domicilio judicializado en San José 1111, donde encara una pena de seis años por administración fraudulenta en la "Causa Vialidad", sentencia que la Corte Supreme dejó firme este año.

Entre los otros sentados en el banquillo están pesos pesados como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y su colega Roberto Baratta, además de ex secretarios de Transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

El juicio expondrá unos 540 hechos de supuestos sobornos pagados por empresarios a cambio de contratos estatales. Entre los acusados empresarios figuran figuras como Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y otros con peso como Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, entre varios más.

El caso gira en torno a una presunta organización criminal dentro del Poder Ejecutivo Nacional que recaudaba plata de empresas constructoras, energéticas y del transporte para distribuir contratos públicos. Las imputaciones incluyen asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento.

Los delitos imputados traen condenas de hasta 10 años de prisión por asociación ilícita y 6 años para cohecho. En paralelo, el expediente Vialidad, en el que se juzgó el direccionamiento del 80% de la obra pública para beneficiar a Lázaro Báez, quedó firme en la Corte y excluyó la asociación ilícita, con condenas por defraudación.

Desde marzo de 2026, se prevé sumar un día más de audiencias a Cuadernos, mientras que las declaraciones indagatorias arrancarían hacia fin de año, ya pasadas las vacaciones judiciales. El Tribunal aún debate si serán presenciales o virtuales en esta etapa.