El Gobierno acelera para cambiar las reglas del juego laboral: ¿Qué se viene?

El discurso del Gobierno es claro y firme: "El Gobierno avanzará con la modernización laboral. Esperamos que ustedes den rápidas señales para aprovechar las nuevas leyes". Así, el Poder Ejecutivo busca apurar a las cámaras empresarias como la UIA y la de Comercio para meter mano en las reglas de trabajo y lograr una rápida puesta en marcha de nuevos convenios.

Uno de los cambios que más ruido genera es la intención de acabar con la famosa "ultraactividad", ese mecanismo que tienen los sindicatos para que un convenio colectivo siga vigente más allá de la fecha de vencimiento, hasta que se firme uno nuevo. Esto pone en jaque un pilar sindical bien defendido y genera una fuerte polémica.

Luego del triunfo en las legislativas de 2025, Javier Milei fue categórico al declarar que "debe haber una modernización laboral" y aclaró que no van "por los derechos de nadie". Mientras tanto, la informalidad laboral no afloja y tocó el 43% en el segundo trimestre de 2025, un número que quiere bajar con esta reforma para que más trabajadores puedan blanquearse.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, detalló que se buscará implementar convenios por empresa en lugar de por actividad, porque no es lo mismo la estructura de una PyME que la de una multinacional, ni dónde están ubicadas. Así, habrá un piso mínimo y cada empresa podrá negociar con los gremios beneficios superiores si es posible.

En cuanto a la jornada laboral, la reforma apunta a extenderla, pero desde el Gobierno aclararon con fuerza que no piensan en jornadas de 12 horas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desmintió rumores: "Lo de aumentar las horas es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera".

Además, se plantea un sistema de "banco de horas", cosa de que las empresas y los laburantes manejen una cuenta corriente de horas trabajadas. También se evalúa permitir a los empleadores dividir las vacaciones, siempre cuidando que haya al menos una semana completa para el trabajador.

La reforma trae otro ingrediente picante en la forma de definir los aumentos salariales. El plan oficial quiere atarlos a la productividad y el desempeño de cada laburante, en lugar de las tradicionales paritarias con un porcentaje fijo. La idea es que cualquier suba refleje el esfuerzo real y la eficiencia.

Para las PyMEs, buenas noticias y alivios: las indemnizaciones y multas por juicios laborales podrían pagarse en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Según aclaró el ministro de Economía, Luis Caputo, la intención es dejar de trabar el empleo en pequeños negocios que se ven limados por juicios y no pueden contratar más gente.

Esta reforma también busca ordenar un sistema previsional bastante golpeado, especialmente porque el empleo independiente bajo la figura de monotributo creció un 42% desde 2012, mientras el formal subió apenas un 3% y el público un 34%. La diferencia entre costos formales e independientes es abismal:

Un empleado en relación de dependencia con un salario de $2 millones le cuesta a la seguridad social casi $6,5 millones al año por aportes y contribuciones, mientras que el mismo ingreso como independiente solo genera cerca de $218 mil de costo para la seguridad social.

Según un informe de la consultora Invecq, Argentina tiene los costos de contratación más altos en la región, cerca del 70%, superando incluso a Brasil. Y otro dato que alertó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que las contribuciones patronales alcanzaron un 21,2% del costo laboral en 2024, ubicándonos décimos entre 39 países analizados.

En resumen, esta movida del Gobierno busca sacudir el avispero laboral, apurando convenios, bajando la informalidad, y atando los sueldos a la productividad, todo mientras cuida el bolsillo tanto de laburantes como de empleadores. Veremos si las cámaras empresarias meten primera y cómo reaccionan los sindicatos en este baile de cambios.