Argentinos piden el fin de la prohibición del vapeo

Desde hace más de diez años, la venta de productos de vapeo en Argentina está prohibida, todo por una decisión de la ANMAT que dejó a millones de personas en la sombra. En 2011 se vetó su comercialización, importación y publicidad, pero hoy en día, el vapeo se ha vuelto parte de la rutina de muchísimos argentinos que lo consiguen por caminos informales, sin ninguna regulación que proteja a los menores ni garantice la calidad de los productos.

La situación es un verdadero contrasentido: mientras los jóvenes tienen acceso a dispositivos y líquidos sin que nadie controle, los adultos fumadores que buscan alternativas menos nocivas quedan a la deriva, sin opciones legales. Aquí es donde entra en escena la World Vapers’ Alliance (WVA) con su campaña Vapeo Responsable, que ya ha recolectado más de 15.000 firmas de ciudadanos que piden a gritos una regulación moderna y efectiva.

Esta movida busca visibilizar una realidad que la política ha hecho de cuenta que no ve: el vapeo ya forma parte de la vida diaria de muchos, pero el Estado ha decidido mirar hacia otro lado. En lugar de aplicar controles, se optó por la prohibición, dejando el mercado en manos de la informalidad. Y así, los productos se venden libremente en redes sociales o kioscos, mientras los que quieren dejar de fumar no tienen a quién recurrir dentro de la ley.

Desde Vapeo Responsable, proponen un modelo de regulación basado en la evidencia que permita la venta exclusiva a adultos en tiendas especializadas, con verificación de edad y estándares de calidad para los productos. Además, exigen sanciones duras para quienes vendan a menores y que el Gobierno se encargue de difundir información clara sobre los riesgos de cada producto.

El modelo que sugieren es similar al que adoptaron países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, donde el vapeo se integra a las políticas de salud pública y ha ayudado a reducir el tabaquismo. Este reclamo, que llega en un momento clave a semanas de las elecciones legislativas, no es solo un asunto de salud, sino una oportunidad para construir políticas más efectivas y fundamentadas en la evidencia.

Desde la campaña advierten que seguir con el enfoque prohibicionista solo va a empeorar las cosas: los menores seguirán teniendo acceso a los productos, el mercado negro no hará más que crecer y el Estado no podrá controlar nada. En la primera semana de noviembre, la organización presentará oficialmente las 15.000 firmas en el Congreso y mantendrá encuentros con legisladores de distintos bloques, buscando abrir un diálogo constructivo que reemplace la prohibición por una regulación moderna y responsable.