La motosierra no perdona: el gasto público cae a pique y los recortes se sienten en cada rincón del Estado
El presupuesto del Estado sufrió un recorte brutal del 31% en dos años, afectando desde hospitales y escuelas hasta la comida de los comedores, mientras se proyecta un ajuste aún mayor para el 2026.
En el área de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud se quedó con el 70% menos de plata. Varios hospitales nacionales, que son clave para la gente, vieron sus presupuestos caer entre un 30% y un 38%. El prestigioso Instituto Malbrán perdió un 22% de su ejecución, y la ANMAT, encargada de cuidar lo que comemos y los remedios, un 28%. Un verdadero quilombo. Solo el Incucai, que gestiona los trasplantes, zafó con un aumento del 42%.
La ciencia y la educación también quedaron hechas pelota. El programa para fomentar la investigación bajó un 83%, y organismos como el CONICET, CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional sufrieron recortes de entre 19% y 35%. En las escuelas, programas que eran un golazo como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, directamente no tuvieron ejecución. Las becas y los fondos para arreglar edificios escolares cayeron hasta un 89%.
Ni la investigación ni el campo se salvaron: la Secretaría de Industria bajó su gasto un 78%, el INTA un 38% y el INTI un 45%. Esto afecta directo la ayuda al sector industrial y agropecuario. Y en lo social, la ANSES redujo su ejecución un 7%, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un impresionante 72%. Los comedores comunitarios y merenderos, donde comen muchos pibes, tuvieron un ajuste del 63%. El Ministerio de Capital Humano, que concentró muchas de estas áreas, fue el más afectado. Pero ojo, no todo baja: el gasto en inteligencia del Estado, por el contrario, subió un 35% respecto de 2023.
Para el 2026, el Presupuesto viene con un "blindaje fiscal" que es bravo: si hay más plata, bajan los impuestos; pero si los ingresos caen, le meten más recortes al gasto discrecional, o sea, a la salud, educación y lo social. Como si nada. Se busca un equilibrio financiero con superávit, pero a costa de seguir ajustando áreas sensibles. Por ejemplo, las partidas para educación apenas subirán un 4% nominal, y las universidades seguirán con recursos limitados. Las becas estudiantiles acumulan una caída del 76% desde 2023, y el CONICET, casi un 40% en tres años.
Hernán Letcher, director de CEPA, no se guardó nada y dijo que esta lógica de desfinanciamiento no solo achica el gasto, sino que "afecta las capacidades institucionales del Estado" y hace que se pierda "soberanía técnica y científica". Por su parte, Nadin Argañaraz del Iaraf, explicó que el gasto indexado (jubilaciones) sube, pero el no indexado (salarios, obra pública, subsidios) cae un 10% real, generando un efecto multiplicador negativo: menos consumo y menos actividad económica.
Daniel Garro, de Value International Group, interpretó este desfinanciamiento como una estrategia deliberada del Gobierno para "cerrar o debilitar organismos". Según él, "si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos". Una decisión política y fiscal para achicar "por asfixia presupuestaria".
Así las cosas, el ajuste sigue y los barrios lo sienten en carne propia, con menos servicios y más incertidumbre. La discusión queda picando: ¿hasta dónde se puede recortar sin que los servicios esenciales para la gente queden hechos pelota?
