Se les acabó la joda: Condenaron a ex-funcionarias salteñas por sacarle plata a mujeres vulnerables
Dos ex-empleadas municipales de Tartagal deberán pagar una suma importante y no podrán trabajar más en el Estado por estafar a beneficiarias de un programa de género. Un escándalo que llegó a su fin.
La justicia salteña dictó sentencia contra dos ex-funcionarias de Tartagal que se aprovecharon de un programa clave para ayudar a mujeres y personas LGBTI+. Carla Antonella Cordero Soria, ex-directora de Asuntos de la Mujer, y Sandra Mabel Domínguez, su empleada, fueron condenadas por pedir dinero a cambio de incluirlas en el programa federal Acompañar, diseñado justamente para combatir la violencia de género.Un tribunal federal de Salta les impuso dos años de prisión en suspenso a cada una, tras un juicio abreviado. Pero la cosa no termina ahí: también deberán resarcir económicamente a una de las víctimas con 2,6 millones de pesos. Además, la ex-directora Cordero Soria quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida, mientras que Domínguez tendrá que esperar 20 años para volver a pisar una oficina estatal.La jueza María Alejandra Cataldi fue contundente y subrayó la gravedad del delito, destacando que la Dirección de Género manejaba un programa de mucha importancia. La magistrada confirmó que se comprobó la acción de Cordero Soria como directora y de Domínguez como parte de su equipo. Incluso, Tomás Hurtado, el hijo de Domínguez, fue señalado como partícipe necesario, ya que controlaba las transferencias de la plata sucia.Para Hurtado, que no tenía antecedentes, la jueza dispuso una suspensión de juicio a prueba por 18 meses. Él deberá pagar 1,5 millón de pesos a la misma víctima y realizar 20 horas mensuales de tareas comunitarias durante un año en el Santuario "Virgen de la Peña" y la Asociación Fray Domingo Migliori, con 300 mil pesos adicionales. La jueza le dio una "oportunidad" para enderezarse.Pero el quilombo todavía no termina del todo: hay una cuarta implicada, Celeste Abigail Robles, que también trabajaba en la misma oficina. A ella todavía no la juzgaron y va a tener que enfrentar un juicio oral y público. Quedó picando.La investigación arrancó en noviembre de 2022, después de varias denuncias que destaparon la maniobra. Concejales de Tartagal, una diputada nacional y hasta la cobertura de medios locales y redes sociales impulsaron el caso. El análisis de transferencias bancarias y la colaboración de entidades como la ex-AFIP y el Banco Central confirmaron que la plata de los beneficiarios iba a parar a las cuentas de las funcionarias y de Hurtado.La modalidad era una vergüenza: exigían 10 mil pesos a las beneficiarias como condición para acceder al programa, sin importar si cumplían los requisitos. Si alguna dejaba de pagar, le daban de baja el plan, como si nada. El hijo de Domínguez hasta usaba su cuenta para canalizar los pagos ilegales y ofrecía el programa a su gente a cambio de un porcentaje, recibiendo incluso plata en efectivo por las extorsiones.La jueza Cataldi también hizo hincapié en la responsabilidad del Estado nacional para proteger los derechos de las mujeres, recordando los compromisos asumidos en convenciones internacionales. Un caso que nos muestra cómo algunos se aprovechan de los que menos tienen, y por suerte, la justicia les puso un freno.
