Procesaron y embargaron por 30 palos al que amenazó con explotar universidades en Pilar
La Justicia no le dio tregua al hombre que mantuvo en vilo a Pilar con amenazas de bomba. Dictaron su procesamiento, prisión preventiva y un embargo millonario.
Salomón está acusado de seis episodios de intimidación pública que, entre junio y septiembre de este año, generaron un verdadero quilombo en instituciones clave de Pilar. La plata del embargo no es para menos, busca cubrir los costos de los operativos de seguridad que se armaron cada vez que este muchacho llamaba para meter miedo.
El ahora procesado, que se ganaba la vida como chofer de combi escolar, cayó en su casa el 10 de septiembre. La Policía Federal Argentina (PFA) le siguió los pasos y rastreó la línea de teléfono que usaba para las amenazas hasta dar con él. Le secuestraron el celular que habría usado para comunicarse con el 911 en varias fechas: el 17 de junio; el 1, 11, 14 y 28 de agosto; y el 8 de septiembre.
Entre los lugares afectados, se cuentan la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Hospital Austral, la Universidad Austral y el Colegio Verbo Divino. En el primer episodio, hasta apareció una nota escrita a mano en un baño de la USAL, con un mensaje que decía: "Culpa del maldito gobierno que tenemos en nuestro país tenemos que aser (sic) esto…".
Las amenazas eran siempre con el mismo tono: avisaban de supuestos explosivos que iban a detonar "por culpa de este Gobierno". Esto generó evacuaciones masivas, parates en las clases y hasta en la atención médica, con policías y bomberos laburando a destajo para descartar cualquier peligro real. Los gastos por estos despliegues fueron altísimos, con la USAL reportando más de 5 millones de pesos en costos, la UCES unos 830 mil, y la propia policía más de 1.2 millones.
Aunque Salomón negó todo en su declaración, diciendo que prestaba el teléfono y que su voz no era la de los audios, la Justicia no le creyó. Las pruebas en su contra son contundentes: audios de los llamados, registros telefónicos, un peritaje que confirmó que la letra de la nota era suya y análisis de apps vinculadas a su número. El juez Adrián González Charvay fue claro: la prisión preventiva es para que no entorpezca la investigación.
El procesamiento se enmarca en la figura de intimidación pública reiterada, contemplada en los artículos 45, 55 y 211 del Código Penal. Un golazo de la Justicia para ponerle un freno a la impunidad y darle tranquilidad a la gente de Pilar.
