El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero la dejó en suspenso hasta que el Congreso encuentre la plata
Después de que el Congreso insistiera con la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno la oficializó, pero su puesta en marcha se frenó por la falta de fondos.
El Gobierno oficializó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, pero al mismo tiempo decidió frenar su aplicación. La medida llegó después de que el Congreso, por mayoría, rechazara el veto presidencial y ratificara el proyecto original.La decisión se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 681/2025. El Ejecutivo argumenta que la ley implicaría un impacto fiscal muy grande para las arcas del Estado, por lo que su ejecución quedó en suspenso hasta que el Congreso defina de dónde saldrán los fondos.Según las estimaciones oficiales, la nueva pensión por discapacidad sumaría un gasto de más de 2,1 billones de pesos para 2025 y casi 4,7 billones para 2026, lo que representa un 0,26% y un 0,47% del PBI, respectivamente. A eso hay que sumarle el costo del programa "Incluir Salud" y la compensación para los prestadores, elevando el total a unos 3 billones de pesos, un 0,35% del PBI.El Gobierno se ampara en la Ley de Administración Financiera, que exige que cualquier gasto no previsto en el presupuesto tenga su fuente de recursos bien clara. El Ejecutivo sostiene que el Congreso "omitió indicar" cómo se financiarían estos gastos, una crítica que ya había hecho cuando vetó la ley.En su momento, el Gobierno ya había vetado la ley, advirtiendo que la falta de fondos ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, Diputados y Senadores insistieron con la sanción por mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgarla, tal como marca la Constitución Nacional.El texto oficial es contundente: el presupuesto actual no alcanza. Afirman que ni destinando todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado se podría cubrir el costo total de la ley. Para que se aplique, sería "ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto", algo que solo puede autorizar el Congreso.Así las cosas, la pelota quedó picando del lado del Congreso. El Ejecutivo ya les comunicó formalmente la situación, y ahora se espera que los legisladores tomen las medidas presupuestarias necesarias para que la emergencia nacional en discapacidad pueda, finalmente, ponerse en marcha.
