Presos con angustia extrema: ¿Pagan el Estado o ellos los destrozos en la cárcel? Se armó un quilombo judicial
Mientras algunos capos narco ponen la plata, la Justicia discute si acusar a los detenidos que rompen cosas por problemas de salud mental. Un debate sensible que divide aguas.
Una cosa es cuando los pesos pesados como "Guille" Cantero o "El Loco" Morán se mandan una y pagan los destrozos que arman en el penal. Pero la cosa cambia, y mucho, cuando los que rompen todo están pasando un momento zarpado de angustia o desesperación, a veces con problemas de salud mental. Ahí, ¿quién se hace cargo de la factura?Para varios fiscales, la mano viene por otro lado. No ven un delito, sino un grito de auxilio, un intento de autolesión o hasta de suicidio. Cuentan que por "razones de humanidad y sentido común", en muchos casos se pidió archivar las causas, entendiendo que el daño material es secundario frente al sufrimiento de la persona.Pero no todos están de acuerdo. El juez federal Federico Villena le puso un freno a esta movida. Para él, los argumentos de los fiscales eran "aparentes" y que esas conductas deberían investigarse. Y así, se armó un verdadero quilombo judicial.Un caso que quedó picando fue el de un preso en Ezeiza que prendió fuego su colchón. Terminó con quemaduras y problemas respiratorios. El fiscal Mola pidió archivar la causa, explicando que el hombre estaba tan mal anímicamente que no podía controlar sus acciones, y que el incendio era una forma desesperada de llamar la atención, poniendo en riesgo su propia vida.Mola argumentó que el daño que sufrió el propio interno era la prueba más clara de su estado de desesperación. Pero el juez Villena anuló ese pedido de archivo, insistiendo en que se debía seguir adelante con la acusación. El fiscal, sin quedarse callado, apeló esa decisión.El fiscal no solo cuestionó al juez por cambiar de opinión de golpe, sino que también apuntó al Servicio Penitenciario Federal. Dijo que el SPF se presenta a reclamar la plata por los daños, cuando para él "lo importante no es el colchón que se perdió, sino la integridad física y psíquica de la persona que está bajo la custodia del Estado".En definitiva, el debate está servido: ¿es un delito que hay que castigar o una señal de alerta que el Estado debe atender? Para los fiscales, cada historia es única y hay que mirar la situación humana detrás de cada destrozo.