¡Zarpado! Piden hasta 12 años de cana para la banda que manejaba la droga y las extorsiones en el penal de Salta
Los fiscales no se guardaron nada y pidieron duras penas para los que armaron un negocio turbio adentro de la cárcel de Villa Las Rosas, con droga y aprietes a los presos.
En la última audiencia, los fiscales Pedro García Castiella, Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto calificaron el caso como de "extrema gravedad institucional". Aseguraron que los acusados transformaron la cárcel, que debería ser un lugar de resocialización, en un verdadero centro de negocios ilegales. ¡Un verdadero quilombo!
Según la acusación, la banda operaba con una estructura bien definida, con jerarquías claras, dedicada a la venta de drogas y a las extorsiones dentro del penal. Era una "empresa criminal sofisticada y enquistada en el corazón del Servicio Penitenciario", como lo describió el fiscal Torres Rubelt.
La pena más alta, de 12 años de prisión efectiva, fue pedida para Francisco Arturo Bisceglia, acusado de vender drogas, extorsionar en siete ocasiones y ser parte de la asociación ilícita. También se pidió 11 años y 8 meses para Sergio Faustino Moya, por delitos similares. Otros nombres como Luis Roberto Castaño y Raúl Antonio Arjona podrían recibir 8 años y 6 meses, mientras que para Marcos Matías Bucotich García y José Luis Alarcón se pidieron 9 años.
Pero la cosa no termina ahí. Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega enfrentan pedidos de 9 años y 6 meses, y para María Inés Méndez, 9 años. La lista sigue con Marcelo Olguín Magno (6 años) y Rubén Antonio Guaymás (5 años). Incluso, Baldomero Darío Córdoba podría recibir 2 años de prisión condicional por su participación en las extorsiones.
La investigación reveló que el entramado funcionaba en tres niveles: los internos Manuel Méndez y Héctor Banegas coordinaban todo desde adentro. Sus familiares, como María Inés Méndez e Ivana Gutiérrez, se encargaban de manejar la plata, preparar y meter la droga al penal. Y lo más grave, miembros del Servicio Penitenciario, como Moya, Bisceglia y otros, facilitaban todo este desmane, permitiendo que la droga circulara libremente.
Además, se identificaron a personas como Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, quienes prestaban sus billeteras virtuales para mover la plata. En el caso de Flores, se llegó a constatar un flujo de más de 4 millones de pesos en apenas cuatro meses. ¡Una fortuna!
Lo que más indigna es que, a pesar de que todos, desde las autoridades hasta los presos y sus familias, sabían del consumo de drogas en la cárcel, no había reportes oficiales de la participación del personal penitenciario en este tráfico. Una vergüenza total que ahora, al menos, parece que va a tener su merecido.
