Fuerte propuesta desde Salta: ¿Planes sociales solo para argentinos y la plata para jubilados y discapacitados?
El gobernador Gustavo Sáenz pidió suspender ayudas a extranjeros en frontera para beneficiar a jubilados y personas con discapacidad. Además, fue a la Corte por pensiones suspendidas.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió con los tapones de punta y le pidió al Gobierno Nacional que corte los planes sociales que hoy reciben extranjeros en zonas de frontera. Su idea es clara: esos fondos deberían ir directo a nuestros jubilados y a las personas con discapacidad.
Sáenz no se guardó nada y calificó de "torpeza" la decisión de suspender beneficios a personas con discapacidad. Explicó que no es lo mismo notificar a alguien en Capital Federal que en los parajes más alejados de Salta, donde la gente vive lejos de todo. Esto generó "una angustia muy grande", no solo por la pensión, sino también por la cobertura médica y los insumos.
El mandatario salteño fue contundente: "Hay que suspender los planes sociales en zona de frontera". Argumentó que en provincias como la suya, se ve cómo "mes a mes se cruzan de un país a otro a cobrar una Asignación Universal por Hijo y después se vuelven al país vecino". Para él, solo deberían recibir asistencia quienes acrediten residencia real y aporten al país.
Con esta movida, según Sáenz, se podría ayudar a los jubilados y mejorar los beneficios para las personas con discapacidad. Así se evitaría "la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven, no residen, no trabajan y no aportan nada a nuestro país".
En la misma línea, el gobernador defendió que Salta ya arancele la atención médica a extranjeros. "Era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales", dijo. Considera que esto debería ser así en todo el país, aunque aclaró que por una cuestión humanitaria, siempre se atiende a quien esté en riesgo de vida.
Y la cosa no quedó ahí. La Fiscalía de Estado de Salta ya llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia. Pidieron que se restituyan de inmediato las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) habían suspendido.
Salta solicitó a la Corte que se restablezca el pago de las pensiones suspendidas mientras se resuelve el fondo de la cuestión. También pidieron que no se corten más beneficios hasta tener una sentencia definitiva en este amparo, que ya está caratulado como CSJ 2128/2025.
Sáenz cerró diciendo que "no pueden pagar justos por pecadores" y que muchas familias denuncian que se les están vulnerando derechos básicos. Exigió auditorías "serias y transparentes" para ponerle fin a esta situación.