El Gobierno se planta: denuncian "operación golpista" por audios de Karina Milei y logran freno judicial
El Ejecutivo inició acciones legales por la difusión de grabaciones de la hermana del Presidente, tildando la movida de "operación de inteligencia no institucional" y "maniobra golpista", mientras un juez ya ordenó detener la circulación del material.
La denuncia, que lleva la firma del abogado Fernando Soto, cayó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. Casi al mismo tiempo, se conoció una resolución del juez Civil y Comercial Alejandro Marianello que ordena frenar de inmediato la difusión de los audios grabados ilegalmente en Casa Rosada. Este fallo responde a un pedido de Karina Milei del viernes pasado, cuando salieron a la luz los dos primeros audios a través del canal de streaming Carnaval. El juez aclaró que no es censura previa, sino que busca proteger "intereses estatales" ante posibles nuevas filtraciones.
En su escrito, el Ministerio de Seguridad no se guardó nada: pide medidas urgentes para impedir nuevas filtraciones, prohíbe divulgar más registros y solicita el allanamiento de las oficinas de Carnaval, su dueño y los periodistas involucrados. También apuntan al esposo de la diputada Marcela Pagano, a quien el Gobierno considera el principal cerebro detrás de esta supuesta operación de inteligencia.
Según la denuncia, a la que accedió este medio, toda esta movida busca "influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas". Además, afirman que "naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa".
El Gobierno considera que los hechos son "un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional" y que forman parte de una trama más grande, vinculando a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para incidir en las elecciones. La posibilidad de grabaciones encubiertas en despachos oficiales para un fin electoral, dicen, le da una "gravedad inusitada" a la maniobra.
Este "quilombo" se da en un momento clave, justo cuando arranca el tramo más picante de la campaña electoral para las legislativas en la provincia de Buenos Aires (7 de septiembre) y las nacionales (26 de octubre). Dentro del Ejecutivo, ya hay quienes miran con preocupación el impacto de esta crisis política, con la oposición envalentonada en el Congreso y la credibilidad económica en la cuerda floja.
Incluso, circulaba el dato de que esta semana saldrían programas con más revelaciones sobre figuras importantes del Gobierno, lo que podría haber acelerado las denuncias. Cabe destacar que el juez Marianello, que falló a favor del Gobierno, tiene acusaciones en el Consejo de la Magistratura por abuso de poder y otras irregularidades.
Por otro lado, la diputada Marcela Pagano presentó su propia denuncia penal por mensajes intimidatorios que recibió. Su entorno aclaró que ella y su pareja no iniciarán acciones legales relacionadas con la denuncia del Gobierno, desmarcándose de la polémica principal.
