El Congreso le bajó el pulgar a decretos clave de Milei: Marina Mercante, Vialidad y otros organismos, sin efecto

Después de un largo debate en ambas cámaras, el Congreso Nacional le puso un freno definitivo a un DNU y a cuatro decretos delegados del Poder Ejecutivo. Con su publicación en el Boletín Oficial, estas normativas, que habían sido impulsadas por el gobierno de Javier Milei, quedaron sin efecto legal. Fue un revés para la Casa Rosada, que no logró reunir los apoyos necesarios.Entre las medidas rechazadas, se destaca el DNU 340/2025. Este decreto pretendía cambiar las reglas para la Marina Mercante Nacional, declarando la navegación marítima como un servicio esencial. En la práctica, esto limitaba el derecho a huelga de los trabajadores del sector, una cuestión que generó bastante polémica.También se desactivaron intentos de reestructuración de la Administración Pública. Una de las resoluciones anuló la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano con el Juan Manuel de Rosas, y la transformación del Instituto Nacional del Teatro, que iba a depender de la Secretaría de Cultura. Además, el Congreso desestimó el decreto que buscaba cerrar y reorganizar la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo clave para nuestras rutas.La misma suerte corrieron otras propuestas que afectaban a instituciones importantes. Quedaron sin efecto las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), todos pilares en sus respectivos sectores.Otro organismo que el Gobierno había intentado disolver era la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). La propuesta oficial se basaba en un informe que señalaba problemas en la regulación, argumentando que no distinguía bien los usos del cannabis y generaba obstáculos para la industria. Con el rechazo, la agencia sigue en pie.Finalmente, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) también se vio afectado por esta decisión parlamentaria. El Gobierno había buscado reestructurarlo para que dependiera de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Sin embargo, esta modificación tampoco logró el aval del Congreso y perdió su validez.Todo este proceso de rechazo se cocinó durante el mes de agosto, con debates intensos que arrancaron en Diputados el día 6 y siguieron en el Senado la semana pasada. Las resoluciones finales que formalizaron la caída de estas normativas llevan la firma del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado.A pesar del revés, el ministro Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación, había anticipado que la idea era no renovar estas herramientas. "Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos", explicó a la prensa, dando a entender que el Gobierno ya contemplaba esta posibilidad.