"No queda otra que mentir": El escándalo del fentanilo mortal y la fábrica del terror con palomas y paredes rotas

El juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta no le dieron respiro a los diez primeros acusados por el fentanilo que terminó con la vida de 96 pacientes. El último en dar la cara fue Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, quien intentó lavarse las manos. Este empresario, con un pasado de negocios picantes con la política, se hizo el desentendido y culpó a sus empleados o a una "mano negra" que habría metido las bacterias en las ampollas. ¡Como si nada!Pero la Justicia se puso las pilas y en tiempo récord juntó pruebas que lo dejan contra las cuerdas. Los investigadores tienen en sus manos chats que son una bomba: ahí se ve cómo usaban insumos vencidos, "dibujaban" los papeles de calidad y manejaban una planta que daba vergüenza. ¡Imaginate, había palomas, arañas y hasta paredes que se caían a pedazos!Lo más escandaloso son los mensajes entre los directivos y empleados. Un tal Javier Tchukran, director de Manufactura, no se guardó nada y en un chat sentenció: "Me parece que no queda otra cosa que mentir". Rocío Garay, de control de calidad, le preguntó a su jefe si mentía en los informes por falta de un insumo, y la respuesta fue la misma: "Y me parece que no queda otra cosa que mentir". ¡Una vergüenza!Y para colmo, la cosa era un quilombo total. Días antes de producir el fentanilo contaminado, se les explotó un sistema de energía y se les vino abajo una pared. Un empleado, Wilson Pons, lo resumió: "Entre la UPS y el derrumbe del muro, tenemos el viernes completo". ¿Y la ANMAT, el organismo que debía controlar? Parece que avisaban cuándo iban a ir de inspección. ¡Así cualquiera!Para la fiscalía, no hay dudas: acá hubo una "conducta deliberada", una "cultura organizacional viciada" que sabía el riesgo que generaba. No fue un error, fue una decisión consciente de seguir adelante, poniendo en peligro la salud pública. Y ese riesgo se concretó, lamentablemente, en la pérdida de la vida de un montón de gente.Pero la cosa no termina ahí. La fiscalía también le apuntó a la autoridad sanitaria, la ANMAT, por su "ineficiente tarea de contralor". Hablan de "negligencia, connivencia o complicidad" que puso a la gente en un riesgo inadmisible. Ahora, la Justicia va a investigar si hubo funcionarios públicos metidos en este mamarracho.Es un golpe durísimo a la confianza de la gente en los medicamentos. Cómo puede ser que por la desidia y la avaricia de unos pocos, la salud de todos quede así de expuesta. Esperemos que este quilombo sirva para que se haga justicia de verdad y los responsables paguen por cada una de esas 96 vidas.