El Gobierno se prepara para llevar a la Justicia la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por primera vez desde que asumió, la oposición le ganó una pulseada al Gobierno y logró voltear un veto presidencial. Se trata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que busca regularizar los pagos a los prestadores y actualizar los aranceles. Ante este revés legislativo, en Casa Rosada ya están armando la estrategia judicial para evitar que la ley se aplique.
Después de varias batallas en el Congreso, el oficialismo de La Libertad Avanza encontró su límite. La relación con algunos legisladores aliados se desgastó, especialmente por las tensiones políticas de los últimos meses que se vieron reflejadas en el cierre de listas. El Gobierno intentó, hasta último momento, convencer a diputados con la promesa de más fondos para el sector, pero ya era tarde.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en sus redes que el Gobierno "está considerando" un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad. Aseguró que esto sería posible gracias a los "ahorros" obtenidos por la auditoría de pensiones por invalidez mal otorgadas. Sin embargo, en el Gobierno ya se desliza que, si el veto se cae, es probable que ese anuncio no se concrete.
El propio Javier Milei ya había anticipado que, si le rechazaban el veto, llevaría la ley a la Justicia. "No va a tener efecto en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había dicho semanas atrás.
Hay dos caminos probables para la judicialización. Uno, menos probable, es alegar que la sesión del Senado que aprobó la ley fue ilegal, argumentando que las convocatorias son atribución presidencial. El más fuerte es denunciar que la oposición impuso una norma al Ejecutivo sin especificar de dónde saldrá el financiamiento necesario para implementarla. La Oficina del Presupuesto del Congreso calculó que el impacto fiscal de esta ley sería de entre el 0,25% y el 0,45% del PBI.
La estrategia oficial es decir que están dispuestos a mejorar algunas partidas, pero siempre dentro de las restricciones presupuestarias. Los "montos extra" que exige la oposición serían parte de lo que judicializarían. Mientras tanto, se vio a funcionarios clave como el ministro de Salud, Mario Lugones, reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, para definir los pasos a seguir.
La decisión ya estaría tomada: Milei no va a implementar ni incrementar ninguna partida que surja de esa Ley de Emergencia. La excusa será la vía judicial. A corto plazo, solo se plantean cambios presupuestarios; a mediano, dar de baja beneficiarios de Incluir Salud para reasignar esos fondos, aunque esto no sería inmediato.
La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia nacional en esta materia hasta fines de 2027. Busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina. La normativa exige al Estado asegurar el acceso a educación, salud, trabajo y condiciones de vida dignas, e incluye el financiamiento de pensiones, regularización de prestadores, actualización automática de aranceles y una nueva certificación de discapacidad.