Julieta Silva rompió el silencio: su abogado denunció "chantaje y extorsión" en la causa por violencia familiar

Recordemos que ya la habían procesado por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial. La imputada se presentó en los tribunales de San Rafael, Mendoza, acompañada por su mamá y su equipo legal.

Minutos antes de que Silva contara su versión, Castillo reveló que su clienta se habría callado antes por miedo a que le quitaran a sus hijos. Contó una situación donde terceros le habrían advertido que le podían dar 25 años de cárcel si abría la boca.

Según publicó el medio local MDZ, el defensor señaló que esta persona se habría aprovechado de que ella no la estaba pasando bien, porque además todavía carga con el peso de la condena por la muerte de Genaro Fortunato en 2017. Por eso, el abogado cree que todo fue una movida de "chantaje y extorsión".

En esa misma línea, Castillo afirmó que fue una "discusión de pareja" que terminó en denuncias que no serían ciertas, hechas para perjudicarla. Y de paso, reprochó que ella ya había hecho denuncias antes, pero que quedaron en la nada.

A raíz de todo esto, tanto Silva como su familia no confían en la Justicia mendocina, por lo que decidieron traer abogados de Buenos Aires. Además, los defensores adelantaron que quieren presentarse como querellantes en las denuncias que ella misma había hecho y que no avanzaron.

Silva enfrenta esta causa desde el 12 de julio, cuando su esposo la denunció por violencia doméstica. Fuentes policiales le contaron a Infobae que el hombre llamó al 911 desde el baño de la casa, donde se habría escondido después de que ella supuestamente lo atacara. Cuando llegó la Policía, vieron que el denunciante tenía golpes y rasguños. Por eso, la Justicia le prohibió acercarse a él y la mandó a prisión domiciliaria. Ella, por su parte, ya había dicho públicamente: "No fue más que una discusión", restándole importancia, y agregó: "Esto se va a acomodar con el tiempo, lo que molesta acá es mi nombre".

Durante una audiencia el 8 de agosto, el juez Claudio Gil autorizó que la imputada siga en su casa con una tobillera electrónica para poder cuidar a la nena de un año que tienen en común. Antes de eso, el fiscal Fabricio Sidoti le había agregado más cargos por privación ilegítima de la libertad, hablando de unos diez episodios distintos. El fiscal incluso había pedido que la mujer fuera a la cárcel, diciendo que era grave, que se podía escapar y que la víctima corría peligro. Pero el juez no le dio bola y la dejó con el beneficio. ¡Un verdadero quilombo se armó en Tribunales!