Alberto Fernández apeló su procesamiento en la causa Seguros

El expresidente Alberto Fernández apeló el procesamiento dispuesto por el juez Sebastián Casanello en la causa Seguros, en la que se lo investiga por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", relacionados con servicios contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros.

La abogada defensora, Mariana Barbitta, argumentó que la decisión judicial se basó en hechos y fundamentos jurídicos que no fueron indagados, por lo que solicitó que se le dicte la falta de mérito. Señaló que se le imputaron "conductas novedosas", como la creación del cargo de María Cantero, pareja de Héctor Martínez Sosa, además del supuesto conflicto de intereses y la constitución de una oficina vinculada a un grupo empresarial en el que Fernández habría participado.

Barbitta cuestionó que durante la primera indagatoria la acusación fue "genérica" y "poco clara". Recordó que la investigación fue iniciada por el juez Julián Ercolini, recusado por Fernández y actualmente pendiente de resolución en la Corte Suprema. Sostuvo que procesar al expresidente con base en una investigación hecha por un magistrado recusado viola el principio de imparcialidad.

La defensa denunció que detrás del procesamiento hay una persecución política y que se basa en una investigación periodística promovida por la oposición, sin una investigación objetiva y seria.

El magistrado también procesó al empresario asegurador Héctor Martínez Sosa, a su pareja María Cantero, al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y a exintegrantes del directorio, sin prisión preventiva.

Tras el procesamiento, Fernández expresó en su cuenta de X que lo persiguen por ser peronista y calificó la imputación como consecuencia de una interpretación forzada de pruebas, destinada a mantenerlo arbitrariamente ligado al proceso. Manifestó su intención de continuar el proceso y que la Justicia cumpla su función sin persecuciones políticas.

Desde el estudio legal que lo representa calificaron el procesamiento de arbitrario y señalaron que afecta el principio de congruencia al imputar hechos sin indagación previa.

El caso continúa en trámite y la defensa aguarda la resolución de la recusación contra el juez, mientras se mantiene el proceso judicial.