Piden suspender jubilación de privilegio a Alberto Fernández tras su procesamiento en causa Seguros
Tres legisladores reclaman ante la ANSES la suspensión del beneficio que cobra el expresidente Alberto Fernández, procesado por corrupción en la causa Seguros. El monto equivale a casi 9 millones de pesos mensuales.
Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires presentaron ante la ANSES un reclamo para anular la jubilación de privilegio que percibe Alberto Fernández, expresidente de la Nación y recientemente procesado en la causa Seguros.
El documento, firmado por Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, integrantes del interbloque Confianza Pública, solicita a Fernando Bearzi, titular de ANSES, la suspensión de la asignación mensual vitalicia a Fernández.
En el escrito destacan que el 10 de julio el expresidente fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y que, por ello, se debe suspender su jubilación para no perjudicar al erario público.
Los legisladores pidieron que la suspensión se mantenga hasta resolverse definitivamente su culpabilidad. Además, señalaron que el beneficio vigente es un privilegio que no debe mantenerse cuando se presumen delitos desde el cargo.
Precisaron que a febrero de 2025, la asignación asciende a $8.877.518,67, lo que representa una pérdida millonaria para el Estado. En la presentación remarcaron que Fernández cobra casi 9 millones por mes, equivalente a más de 24 jubilaciones mínimas, cuestionando el mensaje que da el Gobierno al público.
En el marco judicial, el juez Sebastián Casanello procesó a Fernández por corrupción en la causa Seguros y ordenó un embargo de sus bienes por más de $14.634 millones. La investigación gira en torno a contratos de seguros a través del Banco Nación intermediados por personas cercanas al expresidente.
Casanello consideró que Fernández favoreció a empresas del entorno de Martínez Sosa, con fotos públicas que habrían servido para legitimar ese vínculo y facilitar contratos estatales a esas empresas.
El fallo destaca que el decreto presidencial buscaba priorizar fines públicos, pero que la connivencia con los brokers permitió la intermediación de aseguradoras y coaseguradoras beneficiadas en esos contratos.
Actualmente, la causa sigue en trámite con efectos sobre los derechos y beneficios del expresidente.
