Confirmaron el despido de un extrabajador del IPV acusado de estafar con viviendas

La jueza Adriana Tettamanti le puso el sello definitivo al despido de Jorge Iván Pereyra, ex empleado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que estaba en el ojo de la tormenta por una causa de estafas con viviendas sociales. Aunque la causa penal se cerró por prescripción, la magistrada dejó claro que eso no significa que el tipo sea inocente ni que pueda seguir en el cargo.

Todo arrancó en octubre de 2018, cuando Pereyra fue denunciado por repartir autorizaciones truchas para que familias se metieran en casas del Barrio Conjunto 7 de Pocito sin tener derecho. La movida fue más grande de lo que parecía: aparecieron al menos 30 casos donde, dicen, se hacía el vivo cobrando plata por documentos falsos.

En un allanamiento le encontraron tarjetas del IPV, papeles de otros y notas oficiales. El sumario interno no dejó dudas: Pereyra se pasó de rosca gestionando trámites para terceros, usó funciones que no le daban y se mandó a usar documentos oficiales de manera indebida. Para colmo, ya tenía antecedentes disciplinarios, con llamados de atención y hasta una suspensión.

La jueza fue clarita: "la sospecha fundada sobre un funcionario público de cometer delitos dolosos es causa suficiente para impedir su permanencia en el cargo" y explicó que el sobreseimiento por prescripción "no implica declaración de inocencia, sino extinción de la acción penal por el paso del tiempo".

Así, el fallo confirma que Pereyra se queda sin laburo, considerando que la sanción es justa y legal. Igual, fuentes judiciales cuentan que el ex empleado todavía puede apelar la decisión.