La Cámara de Casación revisará el régimen de visitas de Cristina Kirchner en prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal revisará el régimen de visitas de la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal 2 había establecido un límite sobre quiénes podían ingresar sin autorización al departamento de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, pero la defensa apeló para revocar esa medida.

Fuentes judiciales indicaron que la apelación fue aceptada hoy por el tribunal oral y elevada a la Cámara de Casación, donde intervendrá la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Este tribunal también confirmó la condena de la ex presidenta en la causa "Vialidad" antes de que la Corte Suprema interviniera.

El régimen de visitas es uno de los puntos conflictivos desde que se concedió la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años en la causa "Vialidad". Cuando se le autorizó la prisión domiciliaria por razones de seguridad, se impusieron condiciones, entre ellas limitar las personas que podían visitarla sin autorización judicial.

Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu ordenaron que la ex presidenta debía presentar un listado con sus familiares, custodios, médicos y abogados que podían ingresar al domicilio sin permiso judicial; cualquier otra persona requeriría autorización solicitada por la propia Kirchner.

Este listado fue presentado ayer por la defensa en un pen drive, solicitado para mantener reservado su contenido. Sin embargo, los abogados de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, objetaron el límite impuesto y pidieron reconsiderar la decisión o apelar a Casación.

En el planteo, la defensa sostuvo que "quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no están prohibidas por la ley" y argumentó que "la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas bajo arresto domiciliario, salvo el acatamiento riguroso a la privación de libertad".

El tribunal rechazó la objeción señalando que, aunque la defensa manifestó un rechazo total a la pauta de conducta establecida el 17 de junio, no logró desvirtuar los fundamentos del tribunal, además de que su reclamo fue presentado fuera de plazo.

La apelación quedó vigente y ahora le corresponde resolver a la Cámara de Casación, que también podría analizar otras cuestiones, como la continuidad de la prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a la prisión domiciliaria, argumentando que "no se advierten razones humanitarias que justifiquen esa medida excepcional" y que no existen "razones de salud o personales vinculadas a la edad que justifiquen que el encierro carcelario pueda afectar un trato digno o humanitario".

Por su parte, la defensa solicitó que no se imponga el uso de tobillera electrónica, alegando que la custodia oficial garantiza que la ex presidenta no pueda abandonar su domicilio. Sin embargo, el tribunal decidió que debe utilizar dicho monitoreo, instalado la semana pasada.

Tanto la Fiscalía como la defensa cuentan con el plazo habilitado para apelar ante la Cámara de Casación.