Baigorrí dijo que los cambios en fiscales son operativos y que el caso Acueducto Gran Tulum entra en su tramo final
Guillermo Baigorrí explicó que la rotación de fiscales y ayudantes responde a necesidades de trabajo dentro del Ministerio Público Fiscal. También aseguró que la investigación por el Acueducto Gran Tulum ya entra en sus últimas etapas y que pronto podría definirse la teoría del caso.
El Fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, salió a explicar por qué hubo cambios de fiscales y de personal dentro del Ministerio Público Fiscal. Dijo que no tienen que ver con sanciones, internas ni decisiones disciplinarias.
Según sostuvo, la rotación es una herramienta prevista por la ley para reforzar las investigaciones que necesitan más recursos humanos y técnicos. También remarcó que el Ministerio Público trabaja con un criterio de unidad de actuación.
"Todos los fiscales forman parte del mismo equipo, independientemente de la Unidad Fiscal de Investigación a la que pertenezcan. La ley me otorga la facultad de disponer las rotaciones que sean necesarias y esas decisiones no tienen como finalidad sancionar ni perseguir a nadie", afirmó.
Baigorrí agregó que hay causas que exigen un despliegue especial, como las vinculadas a presuntas estafas por la venta de lotes. Por eso, explicó, sumaron ingenieros agrimensores, ingenieros industriales y otros profesionales, además de ayudantes fiscales y personal de apoyo.
Sobre el Acueducto Gran Tulum, señaló que la investigación ya está en una etapa decisiva. Contó que los fiscales analizan la documentación reunida y que ya pidieron una prórroga de la Investigación Penal Preparatoria para cerrar las últimas medidas.
"Se está avanzando muchísimo en el análisis de toda la documentación y de todas las evidencias. Ya estamos trabajando en las últimas etapas de la investigación y se pidió la última evidencia que faltaba incorporar", dijo.
Baigorrí agregó que en los próximos días, semanas o meses los fiscales deberán poner sobre la mesa la teoría del caso. Ahí se sabrá si hay elementos para acusar, contra quiénes, o si no aparece responsabilidad penal. En San Juan, la causa más pesada siempre termina pidiendo la última palabra: la de las pruebas.