Milei empuja un sistema duro para frenar el déficit y amenaza con un cierre estatal
El Gobierno quiere blindar por ley el equilibrio de las cuentas y, si no se corrige el rojo fiscal, se activaría una parálisis de actividades no esenciales con recortes fuertes en el funcionamiento del Estado.
En medio de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el llamado Grillete fiscal, una iniciativa que busca impedir que el Congreso de la Nación "vote ni sostenga" un Presupuesto con déficit. La idea central es que el equilibrio de las cuentas públicas quede atado por ley, y que no dependa de la buena voluntad de turno. Si ese rojo persiste, el esquema podría desembocar en un shutdown, es decir, un cierre parcial del Estado.
"¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado", afirmó el mandatario. Y siguió, con tono filoso: "Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos porque nunca son ellos los que pagan los platos rotos. Por eso, este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague".
En los hechos, el proyecto prevé que, si se mantiene un saldo fiscal negativo durante varios meses, el Congreso tendrá un plazo acotado para recomponer el equilibrio presupuestario. Si eso no ocurre, se activará de manera automática la suspensión de todas las actividades no esenciales del Estado. En ese escenario no se habilitarían nuevos gastos, no se aprobarían contratos, no habría incorporaciones de personal y quedarían frenadas las transferencias discrecionales a las provincias.
Además, mientras dure la medida, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarían sus salarios. Milei aclaró, sin embargo, que quedarían protegidas las funciones consideradas esenciales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la atención sanitaria, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otras prestaciones clave.
El jefe de Estado también adelantó que, una vez aprobado el proyecto, invitarán a las provincias a sumarse al mismo régimen. "Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad", sostuvo desde Casa Rosada. La propuesta, claro, ya abre un debate fuerte sobre hasta dónde puede llegar el ajuste y qué costo tendría para el funcionamiento del Estado.