El Gobierno endurece el filtro para extranjeros que inciten odio contra la Argentina
El DNU salió publicado este jueves y suma nuevas causales para frenar el ingreso o expulsar a personas extranjeras que promuevan violencia, agravios o ataques contra el país y sus símbolos.
El Gobierno nacional movió una pieza fuerte este jueves y oficializó cambios en la Ley de Migraciones. A través del DNU 681/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, sumó nuevos motivos para rechazar el ingreso de extranjeros o, si ya están en el país, avanzar con su expulsión. La medida apunta directo a quienes promuevan odio o violencia contra la Argentina, sus habitantes o sus símbolos patrios.
La reforma incorpora un nuevo inciso en el artículo 29 de la Ley 25.871 y habilita restricciones migratorias para personas que hayan difundido mensajes de odio, ya sea de forma oral o escrita, o que hayan alentado ataques contra el pueblo argentino o contra alguien por su nacionalidad. También quedan alcanzados quienes participen, promuevan o inciten actos de ultraje contra los símbolos patrios. En otras palabras, el Ejecutivo endurece la mira para casos que considere incompatibles con el ingreso o la permanencia en el territorio nacional.
Ahora bien, el decreto deja una aclaración clave: estas nuevas causales no alcanzan a las expresiones amparadas por la Constitución. Es decir, las opiniones políticas, académicas, ideológicas o ciudadanas que se den dentro del marco legal no podrán usarse como excusa para frenar el ingreso o echar a un extranjero. Desde la Oficina del Presidente remarcaron que la decisión responde a un escenario de hostilidad creciente contra la Argentina y sus ciudadanos, y defendieron que la protección del país y de sus emblemas es un principio que, según el Gobierno, no admite excepciones.
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo sostuvo además que en el último tiempo se detectó un aumento de expresiones de odio y gestos de desprecio hacia la identidad nacional. Según esa mirada, esas conductas pueden golpear la convivencia social y la seguridad, dos puntos que el oficialismo considera centrales a la hora de definir quién puede entrar y quién puede quedarse en el país. La discusión, claro, promete levantar temperatura y no pasar desapercibida.
