La Justicia avanzó contra Castro y tres concejales y abrió una nueva etapa clave
El juez Gerardo Fernández Caussi rechazó el pedido de las defensas y dejó correr la investigación penal por siete meses. La causa apunta al intendente de Angaco y a tres ediles oficialistas por presuntos delitos vinculados al manejo de recursos municipales.
La Justicia de San Juan dio un paso fuerte en la causa que tiene en la mira al intendente de Angaco, José Castro, y a los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. Después de varios meses de idas y vueltas, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi habilitó la formalización de la investigación penal. El fiscal de UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, quedó así con vía libre para seguir reuniendo pruebas y definir si el caso termina en juicio. El plazo será de siete meses, hasta los últimos días de febrero del año que viene.
La audiencia no fue un trámite más. Las defensas venían moviéndose fuerte para frenar el avance del expediente y hasta habían planteado que había una presentación pendiente ante la Corte de Justicia de San Juan. Pero el magistrado no les dio lugar y resolvió que la causa siguiera su curso. En criollo: la investigación no se frenó y ahora la Fiscalía puede trabajar con el expediente ya formalizado. Para los acusados, se abre una etapa sensible y con el foco judicial bien encima.
Según la imputación, a José Castro se le atribuyen presuntos delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, para los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, la acusación incluye abuso de autoridad y encubrimiento. Todo se desprende de una maniobra que habría tenido como escenario un predio ubicado en Chimbas, donde se investiga el uso de maquinaria y trabajadores municipales de Angaco para realizar tareas en ese lugar. Un asunto que, desde el arranque, levantó mucha polvareda.
El origen del caso ya había generado otra causa contra Castro por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después, apareció un segundo expediente a partir de una jugada que terminó complicando más el panorama. En febrero, Castro fue a la Sala I de la Cámara Penal buscando frenar el juicio que ya estaba en marcha y presentó, junto a los tres concejales, un acuerdo de reparación integral por 3 millones de pesos destinado a Cáritas de Angaco. Ese movimiento abrió otra denuncia y puso a todos bajo la lupa.
La discusión de fondo giró durante meses sobre si el conflicto debía resolverse en el fuero penal o en el Contencioso Administrativo. Las defensas, encabezadas por Marcelo Fernández Baldez y Leonel García, insistieron en que el caso nacía de una resolución del Concejo Deliberante y que, por eso, no correspondía llevarlo a la órbita penal. Pero los planteos fueron cayendo uno tras otro: primero ante el juez de Garantías, después en el Tribunal de Impugnaciones y más tarde en una queja que también fue rechazada. Ahora, con la formalización ya firme, la Fiscalía tendrá margen para avanzar con más fuerza y el expediente entra en una fase decisiva.
El propio juez explicó que esta instancia no define culpabilidades, sino que cambia el estado del proceso y permite a las defensas acceder a todo lo actuado por la Fiscalía. Además, aceptó el pedido de Francisco Nicolía para extender el plazo de investigación a siete meses, ya que seis meses lo llevaban a enero, justo en plena feria judicial. Con ese margen, el Ministerio Público deberá recolectar los elementos necesarios para decidir si sostiene la acusación y empuja la causa hacia un eventual juicio. Mientras tanto, la investigación original contra Castro sigue suspendida hasta que haya una sentencia firme en el otro expediente. En Angaco, el clima político y judicial quedó más caliente que nunca.
