La pelea por los colectivos en San Juan ya no parece un simple papelón administrativo

La pulseada entre el Gobierno provincial y las empresas de colectivos sumó otro capítulo y, esta vez, el clima viene pesado. Después de que la Secretaría de Tránsito y Transporte apuntara a supuestas observaciones en la documentación como motivo de la demora en los pagos, la ATAP salió a desmentir que ese sea el verdadero fondo de la cuestión. Desde la entidad remarcaron que la crisis del sistema de transporte es mucho más profunda y que no se explica por un trámite administrativo.

En la cámara empresaria admitieron que pudo haber observaciones en algunas liquidaciones presentadas el 14 de julio, pero aclararon que fueron corregidas en tiempo y forma. También aseguraron que ese tipo de ajustes son parte habitual del proceso y que no alcanzan para justificar el ahogo financiero que, según dicen, arrastra el servicio urbano e interurbano en San Juan.

El dato que más ruido generó es el de la deuda. Según ATAP, el Estado mantiene un pasivo total de $9.750.150.676,43, una cifra que no pasa desapercibida y que incluye varios conceptos acumulados en los últimos meses. Ahí aparecen las compensaciones por el Boleto Escolar Único, por más de $2.035 millones, los fondos para trasbordos, que superan los $823 millones, y mayores costos operativos que, según las empresas, no fueron reconocidos en el último tramo de 2025 y en los primeros meses de 2026.

A ese reclamo le suman obligaciones que vienen del año pasado, compensaciones por la suba de costos de enero y febrero de este año, y pagos pendientes por servicios especiales brindados en distintos departamentos del interior durante abril, mayo y junio. En otras palabras, aseguran que el problema no arrancó ayer ni se resuelve con una explicación de oficina.

Otro punto de choque tiene que ver con los fondos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales del sistema. El Gobierno informó que esos recursos fueron transferidos por la Nación el 28 de julio, pero desde ATAP sostuvieron que, al momento de emitir su comunicado, el dinero todavía no había ingresado en las cuentas de las prestatarias. Esa diferencia volvió a encender la discusión entre las partes y dejó en evidencia que el conflicto sigue lejos de cerrarse.

Las empresas también salieron a aclarar que lo que reclaman no son subsidios para las empresas, sino recursos pensados para sostener el sistema y aliviar el valor del boleto que pagan todos los días miles de sanjuaninos. Mientras tanto, continúan las frecuencias reducidas y ya hubo sanciones: trascendió que al menos dos firmas fueron penalizadas por bajar cerca de un 30% sus recorridos, incumpliendo las condiciones del servicio. Pese al mal momento, desde la cámara insistieron en seguir dialogando con la expectativa de encontrar una salida de fondo que devuelva normalidad a un servicio clave para toda la provincia.