La Corte respaldó a Pagés en el frente civil, pero la pulseada penal sigue abierta

La megacausa de las expropiaciones sigue dando tela para cortar en San Juan. Esta vez, la novedad vino por el lado civil: la Sala II de la Corte de Justicia confirmó la desvinculación del juez Roberto Pagés en la demanda impulsada por Fiscalía de Estado. El organismo buscaba recuperar 269 mil dólares vinculados a un proceso que consideró irregular, pero el planteo no prosperó.

En los fundamentos, el máximo tribunal marcó que no se cumplieron los requisitos formales para revisar si hubo arbitrariedades en las instancias anteriores. Además, se apoyó en una idea clave: los magistrados no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias, salvo excepciones puntuales previstas por la ley. La resolución dejó en claro que se trata de una garantía constitucional y no de un beneficio personal. El fallo salió firmado por Daniel Olivares Yapur, el camarista subrogante Juan Carlos Pérez y la conjueza Olga Pastor.

El punto no es menor, porque mientras en lo civil Pagés quedó afuera, en lo penal todavía hay movimiento. El Tribunal de juicio de la megacausa condenó a nueve imputados y ordenó abrir una investigación sobre el camarista por su intervención en expedientes de expropiaciones marcados como presuntamente fraudulentos. Sin embargo, esa pesquisa sigue frenada por los recursos presentados ante la Corte por las defensas de los condenados.

Si la sentencia penal llegara a caerse por completo, todo ese tramo quedaría en la nada. En cambio, si el fallo se confirma o no prospera un planteo de nulidad, recién ahí podría avanzar la investigación contra Pagés. Fuentes judiciales sostienen que se trata de procesos distintos, por lo que lo resuelto en el fuero civil no corta por sí solo el camino penal. De todos modos, si alguna vez hubiera una condena firme, el Estado podría volver a la carga con otro reclamo civil para intentar recuperar lo que se pagó de manera irregular.

La causa, que arrancó en 2010 durante la gestión giojista, ya lleva más de una década y media de tironeos, recusaciones e inhibiciones. El Tribunal de revisión quedó integrado por Renato Roca, Esteban De la Torre y Ernesto Escobar, tras las excusaciones de varios cortistas. En el centro de la escena aparece una trama que, según la sentencia, habría funcionado como una asociación ilícita con abogados, jueces y funcionarios que inflaban el valor de terrenos expropiados para sacar millones del Estado. En ese esquema fueron señalados Santiago Graffigna, Horacio Alday, el exjuez Carlos Macchi y la exmagistrada Rosalba Marún, ya fallecida.

Pagés, en cambio, no fue denunciado en la megacausa penal, aunque sí fue cuestionado en dos expedientes ligados al dique Cuesta del Viento, en Iglesia: "Luna, Ricardo Benito" y "Esquivel, Margarita". Allí se lo señaló por avalar el llamado Plenario Luna, que cambió la forma de tasar tierras rurales como urbanas, pasando del cálculo por hectárea al metro cuadrado. También se lo objetó por otras decisiones procesales que terminaron en la mira del Tribunal de juicio. En esos casos, según los montos informados, el Estado pagó 1.011.000 pesos en el expediente Luna y 2.470.000 pesos en Esquivel, cifras que en aquel momento equivalían a varios cientos de miles de dólares. Ahora, la pulseada sigue abierta, y todavía resta ver hasta dónde llega cada frente de esta megacausa que no da respiro.