Estados Unidos vuelve a apretar con un arancel y la Argentina mira de reojo
El nuevo recargo del 10% puede pegar en los exportadores locales, en el precio final o en el margen de las empresas. Aunque hay excepciones, varios sectores quedan en una zona de alerta.
A partir de este viernes 24 de julio, los exportadores argentinos que quieran vender en Estados Unidos deberán enfrentar un recargo del 10%. La movida puede terminar absorbiéndola el importador, trasladándose al valor final o saliendo del bolsillo de la empresa local. Todo dependerá de cuánto margen haya para pasar el costo y de si el mercado estadounidense ofrece reemplazos.
La decisión forma parte de una tanda más amplia que activó el gobierno de Donald Trump. Desde las 00.01 de Washington -las 4.01 hora local- rigen tasas de entre 10% y 12,5% para productos de 60 países, entre ellos la Argentina, China, India y varios socios de la Unión Europea. El esquema reemplaza al arancel global transitorio que se mantuvo durante 150 días, aunque los cargamentos que ya estaban en viaje quedan exceptuados si llegan antes del 28 de julio.
La Casa Blanca justificó la medida en supuestas fallas de control frente al comercio de bienes fabricados con trabajo forzoso. Bajo ese criterio, la Argentina quedó en el grupo del 10% junto al Reino Unido, Canadá, India, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. En cambio, China, Japón y Corea del Sur quedaron en el escalón más alto, con un 12,5%.
El golpe no es menor para el comercio exterior argentino. En 2025, Estados Unidos compró bienes argentinos por unos USD 8.300 millones, mientras que el intercambio total entre ambos países llegó a USD 18.200 millones. Igual, no todo ese volumen queda alcanzado por la nueva carga, porque el sistema incluye una lista extensa de excepciones que no cubre por igual a todos los productos.
Entre los rubros que zafan del recargo aparecen el petróleo, el gas, los fertilizantes, algunos alimentos, minerales críticos, aeronaves y piezas aeronáuticas. Tampoco se aplicará sobre bienes que ya pagan aranceles especiales por seguridad nacional, como automóviles, acero, aluminio y cobre. Esto favorece en parte a la Argentina, sobre todo por el empuje de las exportaciones energéticas y mineras, donde los complejos petrolero-petroquímico, de oro y de plata están entre los diez principales generadores de divisas del país.
De todos modos, el impacto final todavía no está claro. Falta saber qué posiciones arancelarias argentinas entran dentro de los 471 productos exceptuados y cuáles deberán pagar la tasa completa. La mayor preocupación está puesta en las manufacturas industriales, los alimentos procesados y varios productos regionales que no tengan una exclusión expresa. Ahí el arancel puede achicar la rentabilidad, obligar a renegociar contratos o empujar operaciones hacia otros destinos.
La medida también choca con el acuerdo comercial que la Argentina firmó con Estados Unidos en febrero de 2026, cuando la Cancillería anunció la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, por exportaciones cercanas a los u$s 1.013 millones. Este nuevo gravamen se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, vinculada a la investigación sobre trabajo forzoso, por lo que podría alcanzar incluso bienes que ya estaban beneficiados por ese entendimiento, salvo que exista una excepción expresa.
En el plano más amplio, la jugada podría traer efectos indirectos sobre la economía argentina. Tras el anuncio, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron apenas, por el temor a que los costos de importación vuelvan a empujar los precios internos. Si eso se confirma, la Reserva Federal podría sostener por más tiempo su política restrictiva, algo que suele fortalecer al dólar, encarecer el crédito para los emergentes y complicar una baja firme del riesgo país.
Los mercados, por ahora, reaccionaron con moderación. Los inversores siguieron más atentos al conflicto en Medio Oriente y a su posible impacto sobre el precio internacional del petróleo. En ese contexto, el regreso del arancel marca el primer paso de la administración Trump para reconstruir el esquema que había impulsado en su segundo mandato, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenara en febrero los llamados aranceles recíprocos por considerar que no podían imponerse con una ley de emergencia nacional.
