El oficialismo acomodó el proyecto y vuelve al debate por la compra de tierras

El Gobierno logró destrabar una discusión que venía complicada en el Senado y que había quedado trabada por diferencias internas. Federico Sturzenegger terminó aceptando los cambios que empujaron Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas sobre la venta de tierras a extranjeros. Con ese acuerdo, la iniciativa volverá al recinto el 6 de agosto con un escenario más favorable para el oficialismo.

La definición se cerró después de una reunión en el Senado que encabezaron la senadora y el ministro, con la presencia también de Alejandro Cacace, secretario de Desregulación. Bullrich les contó a los periodistas acreditados que el ministro dio el visto bueno a las reformas y remarcó: "el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados". La cuestión que más ruido había generado era el margen que tendrían las provincias para autorizar operaciones con inversores extranjeros y, además, la posibilidad de que cada una dicte sus propias reglas.

Sobre ese punto, Bullrich defendió la postura oficial y sostuvo que "las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias". También explicó que las modificaciones apuntan a una mirada federal sobre el uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones vinculadas con zonas fronterizas para no frenar inversiones. En la misma línea, afirmó que "es un proyecto consensuado entre todos los bloques, y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Las tensiones dentro del oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a acompañar la votación obligaron al Gobierno a patear por cuarta vez el tratamiento de esta propuesta, que ya había quedado en pausa en la sesión del 16 de julio. El eje central sigue siendo la eliminación de restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras, un tema sensible que sigue generando ruido político. La última versión del dictamen mantiene que cada provincia conserva la jurisdicción plena sobre su territorio y puede fijar el régimen jurídico aplicable. Además, se prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.

El texto también exige que toda adquisición de tierras rurales por extranjeros sea inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales. En zonas de seguridad de frontera, la compra deberá contar con el aval de la provincia y de la Nación. Otro cambio importante es que se elimina el artículo del silencio administrativo, por el cual si no había respuesta en seis meses la operación quedaba aprobada automáticamente. Con estas correcciones, el Gobierno busca llegar al recinto con más respaldo y menos sobresaltos.