Los textiles apuran la paritaria y apuntan contra los empresarios por frenar la discusión

La Asociación Obrera Textil (AOT), que encabeza Hugo Benítez, salió con los tapones de punta y declaró el estado de alerta y movilización en todo el país. El gremio responsabilizó a la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) por el freno en la discusión salarial y por la falta de avances en la negociación convocada por la Secretaría de Trabajo. La decisión se tomó tras el análisis del tema en el Plenario Nacional de Secretarios Generales, con delegaciones de todo el país.

Desde la organización sindical remarcaron que la preocupación no pasa solo por la paritaria, sino también por la continuidad del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 500/07, que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Según plantearon, la convocatoria oficial no encontró una respuesta constructiva del lado empresario y las reuniones anteriores dejaron gusto amargo. Hablaron de propuestas de recomposición salarial mezquinas, de porcentajes de ajuste casi insultantes y de una negativa sostenida a discutir sueldos que permitan recuperar el poder de compra.

La AOT sostuvo además que la negociación quedó paralizada "por exclusiva culpa del sector empresario" y acusó a la FITA de haber incumplido su rol, generando un perjuicio directo para los trabajadores textiles. El sindicato recordó que el último acuerdo salarial venció el 30 de junio y que, desde entonces, no hubo un nuevo entendimiento. En esa línea, advirtió que la estrategia patronal busca sostener salarios miserables amparándose en el contexto económico y político, que golpeó fuerte el bolsillo de los empleados del sector.

El comunicado también apuntó contra la precarización laboral y las amenazas de flexibilización impulsadas por distintos sectores empresarios, a los que acusó de apoyarse en un marco normativo que favorece a las patronales y debilita derechos laborales y sindicales conquistados hace años. Además, la AOT vinculó este escenario con las políticas laborales de la década de 1990 y advirtió que ese camino puede llevar a la pérdida de miles de puestos de trabajo y a una aceleración de la desindustrialización del país. Por último, cuestionó el silencio del empresariado frente al deterioro del aparato productivo y aseguró que algunas cámaras priorizan las ventajas de la legislación vigente antes que la defensa de la industria nacional y el empleo.