La Corte suma una pieza clave para destrabar la megacausa de las expropiaciones

A tres días del regreso pleno de la actividad en el Poder Judicial, después de la feria, quedó confirmada una novedad pesada para una de las causas más calientes de San Juan. La Sala de la Corte de Justicia que deberá meterse de lleno en la megacausa de las expropiaciones ya tiene su integración completa. El camarista civil Ernesto Escobar aceptó sumarse al tribunal y trabajará junto a su par del mismo fuero, Esteban De la Torre, y al camarista penal Renato Roca.

Ahora, lo primero que deberán resolver es si están bien fundadas o no las inhibiciones que presentaron otros dos jueces: Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez. Esa definición no es menor, porque de ahí depende cómo sigue el expediente y quiénes quedarán habilitados para revisar las apelaciones. En criollo: antes de meterse con las condenas, la Corte tiene que ordenar su propia mesa de trabajo.

La causa viene cargada de historia, chispazos y apartamientos. Tras la condena a nueve implicados por integrar una asociación ilícita que, según el fallo, inflaba el valor de terrenos expropiados para sacar plata del Estado, las defensas llevaron el caso a casación. Pero la Corte quedó trabada porque sus cinco ministros también se inhibieron por distintas razones, desde intervenciones previas en el expediente hasta vínculos de amistad con algunos imputados. Así, hubo que armar una Sala con magistrados subrogantes, y el caso terminó en manos de Muñoz Carpino e Ibáñez, quienes también decidieron correrse.

Con ese panorama, Roca, De la Torre y Escobar deberán decir si esas excusaciones se aceptan o no. Si las rechazan, Muñoz Carpino e Ibáñez seguirán en la Sala y solo faltará sumar un integrante más. Si las aceptan, los nuevos magistrados pasarán a estudiar los recursos de casación presentados por las defensas, con el objetivo de intentar revertir total o parcialmente las condenas. La decisión, está claro, puede mover el amperímetro de todo el expediente.

El fallo de primera instancia llegó el 4 de julio de 2025, cuando la jueza Silvina Rosso de Balanza, junto a Matías Parrón y Martín Heredia, condenó al abogado Santiago Graffigna como organizador de la asociación ilícita. Recibió 7 años y 8 meses de prisión. A su exsocio, Horacio Alday, le dieron 6 años; al exjuez civil Carlos Macchi, 6 años y 2 meses; y al exfiscal de Estado Mario Díaz, 6 años. También fueron castigados Néstor Ruiz, Ana María Melvin, Juan Pablo Quiroga, Víctor Bustos y José Moreno, con penas que van de 3 años a 4 años y 6 meses.

La megacausa se disparó en 2010, a partir de la denuncia del secretario General de la Gobernación, Walter Lima, durante la gestión de José Luis Gioja. Desde entonces, el expediente fue acumulando recusaciones, inhibiciones y cambios de nombres que fueron estirando todo más de la cuenta. Hubo jueces y fiscales que se apartaron por amistad con los imputados, otros por haber intervenido en etapas previas y algunos por vínculos familiares o profesionales. En Tribunales, la historia viene larga, compleja y con final todavía abierto.