Caputo reunió a las cadenas y el Gobierno endurece la pelea contra la evasión

El Gobierno quiere apretar el acelerador en la fiscalización del comercio para frenar la evasión impositiva, después del encuentro que Luis Caputo mantuvo con representantes de las grandes cadenas de supermercados. La idea que circula puertas adentro es ampliar la base de contribuyentes, un reclamo que el sector viene empujando hace rato. Del otro lado, los supermercadistas aseguran que la crisis del consumo los tiene contra las cuerdas y que la situación ya no da mucho margen.

Los números no ayudan. Según el INDEC, las ventas en las grandes cadenas cayeron 3,7% interanual en abril y acumularon una baja de 3,3% en el primer cuatrimestre del año, aunque en la comparación mensual desestacionalizada hubo un leve repunte de 0,8%. En ese contexto, desde el rubro remarcan que no pudieron trasladar los aumentos de precios al ritmo de la inflación y que la pelea diaria se volvió cada vez más áspera. También sostienen que son los únicos que operan con el 100% del comercio formal y con empleados registrados.

La reunión no fue solo entre Economía y el sector privado. También participaron Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, y Julio Cordero, titular de la Secretaría de Trabajo. Con él se habló de paritarias y de la caída salarial, que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 registró un retroceso de 10,5%, de acuerdo con datos del SIPA y la EIL. En los supermercados, el clima es de bronca y preocupación: dicen que el costo laboral pesa fuerte y que la informalidad sigue siendo un problema enorme.

La estrategia oficial apunta a una mejor triangulación de datos y hasta al uso de inteligencia artificial para detectar inconsistencias tributarias. Como modelo cercano, en el sector miran la experiencia de la AGIP en 2019, cuando se salió a buscar los focos de mayor evasión en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Asociación de Supermercados Unidos consideran esa línea como una medida positiva, aunque admiten que el mapa es complejo: estiman que la informalidad ronda entre el 50% y el 60% del sector, y en la carne llega al 65%. La tensión sigue abierta, con un Estado que necesita recaudar más y un comercio que reclama reglas parejas para todos.