El Senado frenó la reforma sobre tierras y el Gobierno quedó a mitad de camino

El Gobierno sumó este jueves un nuevo dolor de cabeza en el Senado. La propuesta de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, no logró reunir los votos necesarios para avanzar. La Libertad Avanza apenas alcanzó el quórum mínimo de 37 senadores para abrir la sesión, pero después se encontró con la pared de siempre: los números no cerraron. Ante ese escenario, Patricia Bullrich pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

La moción fue aprobada por 65 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, una jugada que le permitió al oficialismo zafar de una derrota en el recinto y ganar un poco de aire para seguir negociando. El arranque de la sesión había contado con el respaldo del PRO, la UCR y legisladores de bloques provinciales, entre ellos representantes de Salta, Misiones y Neuquén. Pero una cosa fue habilitar el debate y otra muy distinta juntar los votos para aprobar la ley.

Con el correr de la jornada quedó claro que varios de los senadores que ayudaron a dar quórum no estaban dispuestos a levantar la mano a favor. Ahí quedó expuesto, otra vez, el problema central del Gobierno: no tiene número propio en una Cámara donde cada apoyo hay que salir a buscarlo con lupa. El aplazamiento volvió a mostrar lo difícil que le resulta armar mayorías firmes para empujar su agenda legislativa.

El punto que más ruido generó fue la reforma de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. El texto oficial elimina los límites vigentes para que personas y empresas extranjeras puedan comprar tierras rurales en la Argentina. Las únicas trabas quedarían para los Estados extranjeros y para compañías con participación estatal extranjera, aunque incluso en esos casos podría haber autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo nacional. En los últimos días circularon distintas versiones del proyecto para intentar sumar adhesiones, pero el último borrador agregó la posibilidad de que cada provincia fije sus propios límites a la compra de tierras por extranjeros, una concesión que también generó tensiones puertas adentro del oficialismo.

Desde el Ministerio de Desregulación advirtieron que esa alternativa podría chocar con el principio constitucional que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Pero la iniciativa no se queda ahí: también toca los regímenes de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego, regularización dominial y los registros de la propiedad inmueble. En expropiaciones, propone una mirada más restrictiva sobre la utilidad pública, mejores criterios de indemnización y que el Estado pague antes de tomar posesión del bien. En desalojos, impulsa trámites más rápidos para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente y amplía las facultades judiciales para ejecutar órdenes de lanzamiento con apoyo de la fuerza pública.

Además, modifica la Ley Pierri de regularización dominial, endurece los requisitos para acceder al beneficio y cambia las restricciones sobre tierras afectadas por incendios forestales, un punto que también despertó críticas de sectores ambientalistas. El Gobierno insiste en que la reforma busca reforzar el derecho de propiedad, dar más seguridad jurídica y atraer inversiones. La oposición, en cambio, mira con desconfianza la flexibilización para la compra de tierras por extranjeros y advierte por posibles efectos sobre la soberanía territorial y el cuidado de los recursos naturales. Ahora, con la discusión frenada hasta el 6 de agosto, el oficialismo tendrá dos semanas para intentar juntar los votos que le faltan y destrabar uno de los proyectos más sensibles de su agenda.