La ANSES le aplicará fuertes descuentos a Cristina Kirchner y le recortará un plus clave
Tras la decisión judicial que ordenó restituir el beneficio, el Gobierno avanzará con rebajas mensuales y le quitará el adicional por zona austral a la exmandataria.
La ANSES informó que Cristina Kirchner empezará a cobrar desde agosto una pensión mensual bruta de 15.683.154,06, pero el número viene con letra chica y bastante pesada. El Gobierno resolvió aplicar dos descuentos sobre ese monto, en medio de la pulseada judicial que mantiene en vilo a la ex presidenta. La medida llega después de que el organismo previsional comunicara a la Justicia que restablecerá de forma provisoria uno de los beneficios que había percibido hasta noviembre de 2024. Ese ingreso había quedado frenado tras su condena en la causa Vialidad.
Por esta situación, a Cristina Kirchner ya le venían haciendo retenciones por aportes a la obra social e impuesto a las ganancias. Ahora, además, el Gobierno decidió que dejará de pagarle el adicional por zona austral, al sostener que cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no en una región alcanzada por ese plus. A eso se suma un descuento mensual de $3.136.630,81, hasta completar un total de $660.052.338,87, cifra que el Estado considera cobrada indebidamente durante años.
Hasta noviembre de 2024, la ex mandataria recibió dos asignaciones amparadas por la Ley 24.018, que contempla beneficios para expresidentes y exvicepresidentes. Una correspondía a su jubilación como ex presidenta y la otra era una pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Ambos ingresos fueron suspendidos después de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Ahora, aunque la ANSES acatará la cautelar que ordena restituir el beneficio, sigue firme el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar revertir esa decisión.
Desde el Ministerio de Capital Humano insisten en que la ex presidenta no debería acceder a un régimen previsional privilegiado, teniendo en cuenta su condena firme por delitos contra la administración pública. En esa línea, el Gobierno sostiene que va a agotar todas las instancias judiciales para impedir que cobre una asignación excepcional. Para la Casa Rosada, la ley reconoce estos beneficios como un premio al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo, condiciones que consideran incompatibles con una condena firme por corrupción.
