Adorni sigue con protección oficial mientras crece la tensión por su entorno
Tras dejar el cargo, el exjefe de Gabinete continúa bajo resguardo de la Policía Federal por motivos de seguridad. En el Gobierno aseguran que hubo denuncias por amenazas y ataques contra su familia.
Manuel Adorni sigue con custodia oficial pese a haber dejado la Jefatura de Gabinete. La confirmación llegó de la mano del vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su segunda conferencia en Casa Rosada. Desde el Gobierno sostienen que la medida responde a razones de seguridad y a denuncias que el exfuncionario habría presentado por ataques contra su familia. La situación, claro, no pasó desapercibida y volvió a poner el foco sobre su salida del cargo.
En Balcarce 50 explican que la familia de Adorni reunió mensajes, amenazas y distintos episodios para llevarlos a la Justicia. La protección está a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque desde el entorno oficial remarcan que el operativo es más acotado que el que tenía cuando estaba en funciones. No dan precisiones sobre plazos, pero admiten que se trata de un esquema reservado, de esos que se manejan con pinzas cuando está en juego la seguridad de una figura expuesta.
Mientras tanto, el exfuncionario permanece en su departamento de Caballito junto a su familia y se mueve con su auto particular. Ya no cuenta con los vehículos oficiales que usaba durante su paso por la gestión, algo que marca con claridad el cambio de etapa. En paralelo, el nuevo vocero también aclaró que la auditoría por presuntas irregularidades no la lleva adelante la Casa Rosada por su cuenta, sino la propia Justicia. "No es que tenemos internamente, en Casa Rosada, un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo nuestro", afirmó.
La investigación tomó fuerza después de que se conociera que tres empleados de la Jefatura de Gabinete hicieron compras a nombre de Adorni. Entre ellos aparece Gisela Kosckis, secretaria privada, que declaró en Comodoro Py y admitió haber realizado compras de ropa de blanquería. También figuran Luis Enrique Aluju y Laura Schiuma, quienes habrían usado sus tarjetas para adquirir proyectores, monitores y equipamiento gamer. El caso sigue generando ruido y, por ahora, el Gobierno intenta ordenar el frente judicial sin sumar más chispa a la interna.
